Martes, 30 Diciembre 2025
Alerta política sobre controles financieros y lavado

Jorge Taiana criticó la Ley de Inocencia Fiscal: riesgo de convertirse en “paraíso del lavado”

El ex ministro y excanciller Jorge Taiana afirmó que la Ley de Inocencia Fiscal debilita controles y puede atraer fondos ilícitos, con riesgo de sanciones por incumplimiento de estándares internacionales como los del GAFI.
Jorge Taiana en acto público
Jorge Taiana en acto público

El ex ministro Taiana cuestionó la iniciativa y advirtió sobre vulnerabilidades financieras

Jorge Taiana cuestionó con dureza la llamada Ley de Inocencia Fiscal y afirmó que la norma facilita el ingreso de dinero de origen ilícito, lo que —a su entender— podría transformar a la Argentina en un “paraíso del lavado”. El ex ministro de Defensa y excanciller vinculó la propuesta con riesgos de sanciones internacionales y con el debilitamiento de controles financieros.

Los puntos centrales de la crítica

En un mensaje difundido por sus redes sociales, Taiana sostuvo que la ley “nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes”. Señaló que la iniciativa, al flexibilizar controles, no constituye una solución estructural para la economía, sino que debilita el rol del Estado en materia de regulación y fiscalización de flujos de capital.

Preocupaciones sobre el origen de los fondos

El exfuncionario hizo hincapié en la falta de mecanismos robustos para verificar el origen de los fondos incluidos en mecanismos de blanqueo o regularización. Según su análisis, medidas que igualan a quienes cumplen con la ley y a quienes operan fuera de ella generan incentivos negativos y dañan la credibilidad institucional, con costos directos para quienes sostienen la economía formal.

Riesgo de sanciones y la mirada de organismos internacionales

Taiana vinculó la iniciativa con posibles consecuencias ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Recordó que el país mantiene compromisos en materia de transparencia y control de flujos, y advirtió que una flexibilización de controles podría provocar alertas, pérdida de confianza y, eventualmente, sanciones o restricciones que afecten el acceso a financiamiento y la integridad del sistema financiero.

Reacción política y repercusiones

Las declaraciones del dirigente generaron reacciones en el ámbito político y mediático. Desde distintas fuerzas se evalúan posibles efectos sobre la economía real, la inversión y la reputación internacional de la Argentina. La discusión expone además la tensión entre incentivos de corto plazo —por ejemplo, la búsqueda de dólares rápidos— y la necesidad de mantener estándares de regulación que permitan operar con transparencia en mercados internacionales.

Contexto y antecedentes

La discusión sobre regulaciones para la circulación de capitales y mecanismos de blanqueo no es nueva en la Argentina ni en otros países. Organismos multilaterales y expertos recomiendan marcos que permitan identificar beneficiarios finales, fortalecer controles de origen de fondos y coordinar supervisión entre agencias. La alerta de Taiana se inserta en ese marco y pone el foco en la posibilidad de que cambios normativos reduzcan las barreras que hoy existen contra flujos ilícitos.

Qué implica para la ciudadanía

Más allá de la disputa política, la preocupación central es práctica: si la norma debilita controles, puede aumentar el riesgo de que dinero de origen delictivo entre en la economía formal, lo que afecta la competitividad, distorsiona mercados y erosiona recursos públicos. Además, la exposición internacional puede traducirse en mayores costos financieros y restricciones que terminen impactando en consumo, empleo y acceso al crédito.

Posibles pasos siguientes

Frente a críticas públicas, el debate legislativo suele incluir instancias de revisión técnica, audiencias con expertos y negociaciones parlamentarias. Los organismos reguladores y las autoridades financieras pueden aportar informes de impacto y recomendaciones para ajustar normas. La alerta sobre cumplimiento de estándares internacionales —como los fijados por el GAFI— suele ser un argumento relevante para modelar reformas que eviten costos reputacionales.


Fuente: El Intransigente