Jubilaciones: cómo avanzaría la reforma previsional y qué regímenes especiales están en la mira

Qué está en juego y por qué el Gobierno postergó el debate

El Gobierno planea tratar la reforma previsional tras avanzar con las reformas laboral y tributaria; las jubilaciones, la presión fiscal y el acuerdo con el FMI condicionan los tiempos y el diseño. La discusión sobre jubilaciones incluye hoy el financiamiento del sistema y la revisión de más de 200 regímenes de excepción.

Contexto político y calendario

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y con una composición legislativa más favorable en el Congreso, la Casa Rosada prevé que las reformas de “segunda generación” —laboral, tributaria y previsional— entren en la agenda en 2026. El Ejecutivo prioriza la modernización laboral en sesiones extraordinarias de febrero y después la reforma tributaria; las modificaciones al sistema jubilatorio quedarían en último término. El Gobierno sostiene que hay una secuencia lógica: antes de tocar jubilaciones, hay que formalizar el empleo.

La discusión del financiamiento

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) prevista en el proyecto laboral reabrió el debate: el FAL, pensado para atender indemnizaciones, se financiaría con un 3% de las cajas jubilatorias, según la propuesta oficial. Desde el Ejecutivo y el propio presidente se argumenta que la reforma previsional debe ir acompañada de cambios en el mercado de trabajo para ser sostenible.

Los números centrales

El gasto previsional en Argentina representa hoy cerca del 9% del PBI, según CIPPEC. Dentro de ese universo existen alrededor de 200 regímenes de excepción que cubren a 4,2 millones de beneficiarios —más del 42% de las prestaciones— y cuyos haberes promedio son cerca de 93% superiores al promedio del SIPA. CIPPEC estima que los regímenes de excepción implican un gasto de 5,2% del PBI, lo que explica más del 59% de los recursos destinados al sistema.

Fuente: CIPPEC, periodo: 2024

Qué son los regímenes de excepción y por qué cuestan caro

Los regímenes de excepción incluyen regímenes especiales y diferenciales, cajas provinciales no transferidas, cajas de fuerzas de seguridad, cajas profesionales y otras prestaciones particulares (por ejemplo, jubilaciones por actividades de desgaste físico, convenios por mérito, pensiones especiales). Muchas de esas normas surgieron para atender situaciones específicas: envejecimiento prematuro, tareas de alto riesgo, reconocimiento al mérito o acuerdos sectoriales. Sin embargo, su agregación produjo fragmentación, inequidades y sobrecostos fiscales importantes.

• Regímenes provinciales: 13 provincias no transfirieron sus cajas y pagan cerca de 840.476 beneficios con haberes que promedian $941.000 mensuales (datos 2024, CIPPEC).
• Cajas profesionales: hay 82 cajas en 19 provincias con reglas propias.
• Pensiones no contributivas y programas especiales: incluyen PUAM, pensiones por invalidez y otras prestaciones por mérito o compensación; en total alcanzan a 1,58 millones de personas y rondan el 1% del PBI.

Propuestas técnicas y riesgos políticos

CIPPEC plantea una hoja de ruta gradual para reducir la fragmentación y sus costos. Entre las ideas aparecen:

• Integrar progresivamente regímenes provinciales y de caja profesional al SIPA, con mecanismos de transición y la posibilidad de instrumentos complementarios voluntarios (seguros o cajas complementarias).
• Eliminar moratorias permanentes y criterios arbitrarios de acceso, reemplazándolos por procesos de evaluación individual para riesgos e invalidez.
• Sustituir regímenes por reconocimientos no contributivos o simbólicos cuando correspondan por mérito, en lugar de privilegios jubilatorios permanentes.

Todas las opciones tienen ventajas fiscales —reducción del gasto y mayor equidad— pero también costos políticos y jurídicos: desde el rechazo de sindicatos y grupos con intereses consolidados hasta potenciales obstáculos constitucionales en el caso de las cajas provinciales. La negociación con provincias y actores sectoriales será clave.

El rol del FMI y los plazos

El acuerdo con el FMI marca un hito temporal: la revisión integral del sistema previsional quedó pautada para diciembre de 2026. Eso obliga al Gobierno a mostrar avances o, al menos, un plan de trabajo en los próximos meses. Para economistas como Rafael Rofman (CIPPEC), postergar indefinidamente el debate eleva el riesgo fiscal: “Trabajar en una propuesta consistente y que logre acuerdos llevará tiempo y es necesario iniciar este proceso cuanto antes”, señaló.

Escenarios y alternativas prácticas

En términos operativos, hay rutas combinables: empezar por armonizar criterios de invalidez y riesgo, avanzar en mayor transparencia sobre el universo de beneficios especiales y abrir procesos de diálogo público para construir consensos. Un proceso gradual con cláusulas de protección social bien definidas reduciría el costo político, pero requerirá tiempo y capacidad administrativa.

Qué tiene que quedar claro

1) El debate previsional no es sólo técnico: es político y federal. 2) La reducción de la fragmentación implica compensaciones y negociaciones con provincias y sectores organizados. 3) El calendario estará condicionado por la secuencia de reformas y el acuerdo con el FMI, y 4) sin un diseño y comunicación claros, cualquier intento de reforma puede generar conflicto social.

Fuentes: El Cronista; CIPPEC.