Juez que investigó el triple crimen dice sentirse amenazado tras un robo en su casa

Miedo y medidas tras un hecho que el magistrado atribuye a una amenaza

El juez que dirigió la investigación del triple homicidio que conmocionó en septiembre denunció que, tras varios episodios de robos y extrañezas en su domicilio, ahora siente que su familia corre riesgo y evalúa mudarse del país. Los hechos ocurrieron en las últimas semanas y escalaron en Navidad, cuando volvió con su familia y encontró la vivienda revuelta.

Qué declaró el magistrado

Fernando Pintos Guevara —en algunas notas consignado como Fernando Pinos Guevara— afirmó que los incidentes no parecen robos comunes, sino mensajes intimidatorios relacionados con su actuación judicial en la causa por el triple crimen que involucró a una banda narco. El expediente, que llevó a procesamientos y detenciones, desmanteló una estructura que la investigación describió con elementos de ritualización y violencia extrema contra víctimas y rivales.

El contexto del caso

Los asesinatos de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos en septiembre, generaron repercusión nacional por la brutalidad y por la vinculación con una organización que, según la instrucción, buscaba controlar zonas de venta de estupefacientes. La investigación incluyó detenciones de sospechosos y la detención de uno de los referentes conocidos como “Pequeño J”, quien actualmente está detenido en Perú y enfrenta un proceso de extradición a la Argentina.

Por qué el juez se siente amenazado

El imputado principal y la estructura investigada tenían alcance territorial en ámbitos donde el narcomenudeo genera disputas violentas. El juez relató que, después de encabezar la investigación y ordenar detenciones, comenzó a registrar situaciones inusuales en su vivienda: objetos revueltos, indicios que, en su opinión, tenían la forma de advertencias. Tras el último episodio navideño, su temor se volvió tangible y aseguró sentirse en peligro junto a su familia, por lo que está evaluando medidas de protección y hasta la posibilidad de abandonar el país.

Protección y respuesta institucional

En causas de alto perfil vinculadas al crimen organizado, los tribunales y los organismos de seguridad suelen disponer medidas de protección para magistrados, fiscales y testigos. Estas medidas pueden incluir custodia policial, refuerzo de seguridad en el domicilio y protocolos especiales. En la nota original, el juez manifestó que había recibido apoyo procesal y que las autoridades competentes están notificadas; no obstante, la declinación pública de sentirse amenazado pone presión sobre la pronta definición de medidas efectivas.

Estado del proceso contra la banda

La investigación atribuyó a la organización la comisión de homicidios con características de ritualización, torturas y transmisión en directo en algunos episodios, lo que profundizó la preocupación pública. Varios sospechosos fueron procesados y alojados en cárceles locales; además, uno de los líderes está detenido en Perú a la espera de la extradición solicitada por la Justicia argentina. El avance de la causa y la firmeza de las pruebas fueron, según las fuentes judiciales, los elementos que facilitaron las imputaciones.

Impacto en la comunidad y en la percepción pública

Caso de alta resonancia como este suele generar inquietud en las comunidades afectadas y en los operadores judiciales. Las familias de las víctimas, organizaciones sociales y autoridades locales han reclamado garantías para que la investigación prosiga con seguridad y que las medidas de protección para quienes intervienen en el proceso sean efectivas. El pedido del juez —su declaración pública de sentirse amenazado y su posibilidad de irse del país— intensifica la discusión sobre riesgos laborales y personales en causas contra el crimen organizado.

Qué falta esclarecer

En este momento no hay elementos públicos que permitan confirmar quiénes fueron los autores materiales de los robos en la casa del magistrado ni si existe una trazabilidad directa entre esos hechos y la banda investigada. Parte de la investigación debe determinar si las entradas a la vivienda constituyeron robos con fines de intimidación o si se trataron de hurtos comunes. La aclaración de ese punto es central para definir escalas de respuesta y medidas de protección.

Fuente: La Nación