Jueza Preska rechazó el pedido de YPF y ordenó que entregue información en el litigio por US$ 16.100 millones

Decisión del tribunal en Nueva York mantiene activo el proceso de discovery contra YPF y la Argentina

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este lunes la moción de reconsideración que presentó YPF para evitar aportar información solicitada por los fondos demandantes en el caso que sigue en los tribunales estadounidenses contra la República Argentina. La causa deriva de la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera en 2012.

La resolución de Preska confirma que, por ahora, YPF deberá responder a pedidos de información en el proceso de discovery —el mecanismo legal de intercambio de pruebas previo a etapas decisivas del juicio— que impulsaron los fondos demandantes Burford y Eton Park. Esos fondos buscan determinar si YPF puede ser considerada el “alter ego” del Estado argentino, una calificación que facilitaría embargar activos de la petrolera o de terceros vinculados para cobrar la sentencia.

En su orden, la jueza recordó que la reconsideración es un recurso extraordinario que sólo procede ante un cambio en la ley, evidencia nueva o un error claro. Preska sostuvo que la petición de YPF no cumple con esos requisitos y que no sirve para volver a discutir lo ya resuelto por el tribunal. La petrolera había alegado, entre otros puntos, falta de jurisdicción y violación del debido proceso.

El procedimiento de discovery que ahora queda habilitado, según fuentes cercanas al caso citadas por las partes, es una etapa «post-fallo legítima» que no exige una nueva base jurisdiccional sobre YPF. La misma jueza indicó que la situación procesal de la compañía no cambia sustancialmente por esta resolución: YPF no fue admitida formalmente como parte del juicio, pero tendría oportunidad de presentar defensas si la República llegara a ser declarada su alter ego.

Qué buscan los fondos y cómo se compara con precedentes

Burford y Eton Park pidieron acceso a documentación y datos para identificar activos que eventualmente puedan ser embargados en Estados Unidos u otras jurisdicciones. La orden de discovery es la vía para que los demandantes obtengan información sobre la estructura societaria, vinculación con el Estado y activos susceptibles de ejecución.

Preska citó el precedente Crystallex v. Venezuela, en el que un tribunal estadounidense permitió embargar activos vinculados a una empresa estatal tras concluir que esa compañía actuaba como una extensión del Estado. Sin embargo, la jueza aclaró que el caso de Crystallex no es idéntico: en Crystallex la firma afectada era una empresa estatal; YPF, en cambio, es una sociedad privada con participación mayoritaria estatal. Esa diferencia será relevante si el tribunal avanza sobre el análisis de fondo.

Estado del proceso principal y próximos pasos

La resolución de Preska no resuelve la cuestión de fondo del juicio: la apelación que presentó la Argentina contra la condena de US$ 16.100 millones sigue pendiente. A mediados de octubre se celebró una audiencia en la que los abogados de las tres partes —los fondos demandantes, la Argentina y YPF— expusieron sus argumentos; desde entonces el tribunal quedó habilitado para fallar en cualquier momento.

El rechazo a la reconsideración implica que el proceso de discovery puede avanzar y que los demandantes podrán intentar probar vínculos que justifiquen medidas ejecutivas sobre activos. Si el tribunal concluyera en el futuro que YPF es un alter ego del Estado, esa conclusión abriría la puerta a embargos sobre bienes de la petrolera para satisfacer la sentencia contra la República.

Contexto: la expropiación y la cuestión patrimonial

La causa remite a la expropiación de YPF llevada a cabo en 2012 durante la administración del kirchnerismo, medida que generó demandas internacionales por parte de accionistas y acreedores. La sentencia de primera instancia contra la Argentina, que fijó la obligación de pago por US$ 16.100 millones más intereses acumulados desde septiembre de 2023, es el origen del actual procedimiento en Estados Unidos.

En términos prácticos, el avance del discovery no implica por sí solo que se concreten embargos; primero los demandantes deben reunir pruebas que justifiquen una ejecución y luego el tribunal evaluar si procede autorizar medidas cautelares o embargos, teniendo en cuenta normas de jurisdicción y protección de terceros.

Qué significa para Argentina y para YPF

Para la Argentina, la continuación del proceso en Nueva York mantiene la presión sobre las finanzas públicas y sobre la posibilidad de futuras restricciones sobre activos. Para YPF, la obligación de responder a pedidos de información podría exponer vínculos societarios o patrimoniales que los demandantes intentarán usar para ejecutar la sentencia. En todos los casos, la definición de “alter ego” será central y depende de pruebas que aún deben acreditarse en el proceso.

Fuentes judiciales consultadas por la causa subrayaron que, aun si YPF no es parte formal del juicio, la oportunidad de presentar defensas existe en etapas procesales posteriores si la Argentina fuera declarada responsable y se intenta avanzar sobre activos vinculados a la petrolera.

Fuente: Clarín