La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE
Presentaron amparo contra el DNU 941/2025 que reforma la Ley de Inteligencia
Diputados de la Coalición Cívica y del Partido Socialista presentaron una acción de amparo y una medida cautelar para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei. Los legisladores objetan que el decreto amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que, además, legisla en materia penal y procesal penal, decisiones que, sostienen, no pueden dictarse por decreto de necesidad y urgencia.
Quiénes impulsaron la acción y dónde quedó el expediente
La presentación judicial fue firmada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Partido Socialista). Por sorteo, el expediente recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Alián.
Los principales argumentos de la oposición
- Falta de necesidad y urgencia: los demandantes sostienen que el decreto no justificó la excepción al procedimiento legislativo ordinario, dado que el Congreso estaba en condiciones de sesionar.
- Legislación en materia penal: señalan que el DNU introduce normas de carácter penal y procesal penal, materia expresamente vedada al Poder Ejecutivo por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
- Aprehensiones por inteligencia: objetan que el decreto habilite al personal de inteligencia a practicar aprehensiones, una atribución que corresponde a las fuerzas policiales y que, cuando es privación de la libertad, requiere orden judicial.
- Centralización y riesgo de persecución política: denuncian una fuerte concentración de poderes en la órbita del Ejecutivo, en particular con el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete y la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).
- Actividades encubiertas: cuestionan que el DNU establezca que todas las actividades de inteligencia son “encubiertas”, lo que, según los demandantes, afectaría el principio republicano de publicidad de actos de gobierno.
Implicancias para derechos y libertades
En el escrito los legisladores advierten que la amplitud de las categorías de inteligencia y contrainteligencia previstas en el decreto podría tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso. Sostienen que, sin controles y garantías judiciales claras, la estructura de inteligencia podría convertirse en una herramienta de persecución.
La comisión bicameral y la respuesta institucional
La oposición reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, responsable de analizar decretos presidenciales. No obstante, desde el oficialismo anticiparon que la discusión podría demorarse hasta febrero, ya que la comisión aún no fue integrada con los nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. En el texto se mencionan los nombres de los presidentes de las Cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), como responsables de avanzar con la integración.
Escenarios legales y políticos
La causa seguirá la vía contencioso-administrativa y, eventualmente, podría llegar a instancias superiores si la jueza resuelve admitir la medida cautelar. Paralelamente, la controversia puede activar debates políticos en el Congreso sobre límites constitucionales al uso de los DNU y sobre mecanismos de control parlamentario a los servicios de inteligencia.
Contexto sobre la SIDE y mecanismos de control
La Secretaría de Inteligencia del Estado es el organismo encargado de la producción de inteligencia estratégica y de contrarrestar amenazas a la seguridad nacional. Históricamente, su funcionamiento despertó debates públicos sobre transparencia, límites y supervisión. Los mecanismos parlamentarios, como la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y otros órganos de control, existen para garantizar que las actividades de inteligencia respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Fuentes: El Día — nota original