Legislatura bonaerense: gastos millonarios, pocas sesiones y denuncias que sacudieron 2025

Un año marcado por escándalos, gasto elevado y baja actividad parlamentaria

La Legislatura bonaerense terminó 2025 con denuncias por corrupción y abuso, un presupuesto ejecutado de más de 308 mil millones de pesos y apenas 16 sesiones de ambas cámaras en todo el año, una combinación que tensó la relación con la opinión pública y reavivó pedidos de mayor transparencia.

El recuento del año muestra un contraste fuerte: mientras el Ejecutivo y el propio Poder Legislativo administraron cifras excepcionales, la actividad parlamentaria —medida en cantidad de sesiones— fue limitada. Ese desequilibrio alimentó críticas sobre la relación entre recursos y resultados en la provincia más poblada del país.

Casos judiciales y cuestionamientos

En 2025 estallaron varias causas que pusieron en el centro la gestión interna de la Legislatura. Entre los episodios más resonantes estuvo la investigación conocida como el caso “Chocolate” Rigau, que pone bajo la lupa el presunto cobro irregular de contratos en la Cámara de Diputados. La causa, según la cobertura periodística, fue evolucionando con nuevas irregularidades detectadas y generó cuestionamientos sobre controles, procesos de contratación y transparencia en gastos parlamentarios.

Al cierre del año también trascendió el procesamiento y la detención de dos empleados de la Legislatura por denuncias de abusos sexuales dentro del propio Palacio Legislativo. Estos hechos, por su gravedad institucional y humana, abrieron un debate público sobre la prevención, la contención de víctimas y la aplicación de sanciones en el ámbito parlamentario.

Presupuesto y poca actividad: cifras que preocupan

Según las publicaciones de 2025, la Legislatura ejecutó más de 308 mil millones de pesos durante el año, mientras que las cámaras sesionaron 16 veces en total. Ese dato —alto gasto frente a baja actividad— se convirtió en un argumento clave para quienes exigen reformas de control, auditoría interna y mayor rendición de cuentas.

Fuente: El Día / cobertura 2025, periodo: año 2025

La inclusión de un gráfico ayuda a visualizar el desbalance entre el presupuesto ejecutado (expresado aquí en millones de pesos) y la actividad formal registrada en sesiones. Para distintos observadores, el problema central no es solo el número de reuniones, sino cómo se priorizan y justifican los gastos en un contexto de demandas sociales y necesidades presupuestarias en municipios y servicios públicos.

Impacto y reclamos por transparencia

Organizaciones de la sociedad civil, opositores políticos y parte de la ciudadanía reclamaron medidas concretas: auditorías externas, publicación más detallada de contratos y planillas de gastos, así como la reglamentación de controles internos que eviten maniobras de discrecionalidad. El caso “Chocolate” y otras irregularidades detectadas alimentaron esos pedidos y motivaron iniciativas para reformar procedimientos administrativos dentro de la Legislatura.

Asimismo, las denuncias por abuso al interior del palacio legislativo plantearon la necesidad de protocolos más estrictos de prevención y respuesta. Desde la arista legal, las causas en curso implican investigaciones penales; desde la institucional, dejaron al descubierto vacíos en mecanismos de acompañamiento a víctimas y sanciones laborales o administrativas.

La discusión presupuestaria y la agenda 2026

El debate por el Presupuesto volvió a mostrar dificultades para construir acuerdos amplios y políticas de Estado de mediano plazo. En la práctica, la tensión entre gasto registrado y resultados concretos acentuó la percepción de una Legislatura con recursos importantes pero con problemas de prioridades y de control.

De cara a 2026, distintos actores propusieron cambios: fortalecer organismos de control como la Sindicatura General de la Provincia, avanzar en mecanismos de transparencia proactiva (publicación en datos abiertos, por ejemplo) y legislar sobre procesos de contratación pública más rigurosos. Las medidas que se impulsen en el corto plazo serán determinantes para recomponer la confianza ciudadana.

Fuente: El Día