Viernes, 02 Enero 2026
Concesiones por 30 años y control de actores cercanos al poder

Luis Caputo licita represas y consolida un nuevo mapa de poder energético

El Gobierno licitó cuatro represas hidroeléctricas en concesiones de 30 años y recaudó cerca de 700 millones de dólares; las adjudicaciones concentraron el control en grupos con vínculos al entorno presidencial y generaron críticas por el valor y la falta de debate congresal.
Represa hidroeléctrica, imagen ilustrativa del sector energético
Represa hidroeléctrica, imagen ilustrativa del sector energético

Resumen de la operación

El ministro Luis Caputo avanzó con la licitación y reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas estratégicas, en concesiones por 30 años para obtener divisas de corto plazo. El proceso, que dejó recaudar alrededor de 700 millones de dólares, terminó concentrando el control en grupos vinculados al entorno del poder político.


Quiénes se quedaron con las represas

Según la información disponible, algunas de las centrales más importantes fueron adjudicadas a Edison Energía, un consorcio con empresarios cercanos a Santiago Caputo, asesor del presidente; otra quedó bajo control de Central Puerto, y el resto pasó a actores nacionales que reemplazaron a empresas transnacionales que se retiraron del proceso.


Valor estratégico y críticas

Las cuatro represas cubrían cerca del 15% de la generación eléctrica del país, por lo que su reprivatización pone en juego activos estratégicos a largo plazo. La recaudación de aproximadamente 700 millones de dólares fue cuestionada por actores provinciales y analistas por considerarse baja frente al valor del activo y por la duración de los contratos (30 años).


Debate público y gobernanza

El proceso avanzó sin un debate amplio en el Congreso y, según la cobertura, generó cuestionamientos sobre transparencia, criterios de adjudicación y los vínculos entre adjudicatarios y el entorno presidencial. En las provincias afectadas surgieron críticas puntuales sobre el precio de las concesiones y la falta de garantías sobre inversión y mantenimiento a largo plazo.


Posibles implicancias

La concentración del control de activos estratégicos en manos de grupos próximos al Gobierno puede condicionar decisiones futuras sobre tarifas, inversiones y políticas de largo plazo en el sector eléctrico. La operación, además, refleja la urgencia por conseguir dólares en el corto plazo para cumplir compromisos financieros del Estado.


Fuente: El Intransigente