Miguel Ángel Toma: dijo que el DNU 941/2025 es “un mamarracho” técnico y legal
Toma cuestiona el DNU 941/2025 y advierte riesgos para la fiscalización del sistema de inteligencia
El exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma definió al DNU 941/2025 que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como "un mamarracho" desde el punto de vista técnico y legal, y pidió que el cambio se debata en el Congreso para recuperar transparencia y control democrático.
Los principales cuestionamientos
En una entrevista en el programa Modo Fontevecchia, Toma afirmó que el decreto, publicado a fines de 2025, no moderniza el sistema de inteligencia sino que lo burocratiza, fragmenta y vuelve más opaco. Criticó la creación de agencias con "autonomía funcional y tecnológica" que, según su lectura, dificultan la fiscalización política y administrativa.
Trayectoria y peso de su opinión
Miguel Ángel Toma fue secretario de Inteligencia entre 2001 y 2002 durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y fue uno de los impulsores de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 (2001). Su experiencia institucional respalda su reclamo de una discusión parlamentaria amplia antes de introducir cambios de esta magnitud por decreto.
El debate sobre DNU versus ley
Toma resaltó que la Ley 25.520 fue producto de un consenso político inusual, aprobada por unanimidad tras un año de trabajo en la Bicameral, y que derogó instrumentos previos heredados de épocas autoritarias. Para él, alterar ese marco mediante un decreto de necesidad y urgencia es un mal precedente que elude el debate democrático y alimenta desconfianza.
Preocupaciones sobre la potencial ampliación del espionaje interno
El exfuncionario vinculó parte de la preocupación pública al recuerdo de prácticas de espionaje interno desarrolladas en años recientes. Señaló que disposiciones que amplíen facultades o introduzcan términos ambiguos —por ejemplo, sobre operaciones "encubiertas" o facultades de "neutralización"— pueden derivar en abuso si no existen contrapesos claros y mecanismos efectivos de control. Toma aclaró que la inteligencia es por naturaleza secreta, pero defendió que esa reserva debe convivir con formas de fiscalización y transparencia acordes a un Estado democrático.
Comparación política y riesgos institucionales
En su análisis, Toma trazó un paralelismo crítico entre el gobierno actual y prácticas que, según él, se observaron durante gobiernos del pasado, advirtiendo que diferentes espacios políticos pueden recurrir a lógicas autoritarias con herramientas parecidas. Su mensaje central fue institucional: la forma importa tanto como el fondo y reformas de inteligencia requieren debate, límites y controles claros.
Qué alternativas propone
El exsecretario sugirió que el Ejecutivo debería presentar un proyecto de ley al Congreso que permita discutir punto por punto las reformas, incorporar a especialistas y representantes parlamentarios y garantizar mecanismos de control civil y judicial. Planteó que la modernización del sistema debe enfocarse en eficacia frente a amenazas concretas —terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, trata— sin sacrificar garantías democráticas.
Contexto legal: la Ley de Inteligencia 25.520
La Ley 25.520, sancionada en 2001, reorganizó el marco legal que regula la actividad de inteligencia en democracia, limitó poderes de intervención y promovió controles parlamentarios mediante la Comisión Bicameral. Los críticos del DNU sostienen que modificar sus bases por decreto debilita ese diseño institucional.
Fuente: Perfil