Miguel Ángel Toma sobre el sistema de inteligencia: Modernizar es necesario, pero así está todo mal

El exjefe de la SIDE cuestiona el decreto que modifica la Ley 25.520

Miguel Ángel Toma afirmó que la modernización del sistema de inteligencia es necesaria, pero criticó el decreto del Poder Ejecutivo que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional y la Ley 25.520, al considerar que la medida aumenta la burocracia y vuelve al sistema menos eficiente.

En una entrevista con La Voz en Vivo, Toma —quien fue titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y exministro del Interior— dijo que la intención de actualizar el área es correcta, pero que la forma elegida no lo es: “Hacerlo por decreto me parece inoportuno e inconveniente”, señaló. Recordó que la Ley 25.520 fue resultado de un trabajo de casi un año entre oficialismo y oposición y que el consenso era un fundamento central para su aprobación en 2001.

Qué dice Toma sobre la ejecución

El exfuncionario sostuvo que el decreto “complejiza” la estructura y crea subsistemas difíciles de conducir. “En la práctica esto no va a dar mayor capacidad; ha creado una serie de subsistemas de muy difícil conducción”, explicó. Su crítica principal es que la medida, en lugar de agilizar la respuesta estatal ante amenazas como el crimen organizado o el terrorismo, genera más trámites y demoras.

Por qué pide debate en el Congreso

Toma planteó que la actualización del marco legal debería debatirse en el Congreso y no resolverse por decreto. Argumentó que la Ley 25.520, sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año, representó un hito al someter la actividad de inteligencia al control democrático y proteger derechos y garantías. Para él, una modificación de este alcance requiere discusión y acuerdo legislativo.

Garantías y sensibilidad social

El exjefe de la SIDE recordó la sensibilidad de la sociedad argentina sobre el tema: “El país viene de una época de autoritarismo donde la estructura de inteligencia se convirtió en una estructura de espionaje interno”, dijo. Advirtió que introducir cambios por decreto puede generar desconfianza y debates sobre garantías individuales y el uso discrecional de la inteligencia para tareas de espionaje político.

Cuestiones operativas y de recursos

Toma estimó que la estructura de inteligencia estatal ronda entre 1.000 y 1.200 personas y puntualizó que la inteligencia “no es un problema de cantidad sino de calidad”. Añadió que la reconstrucción del sistema exige trabajo profundo y no se resolverá con frases “bonitas” incluidas en un decreto.

Sobre las funciones y los límites

Otro punto que destacó fue la necesidad de preservar la separación entre tareas de inteligencia y funciones policiales. Recordó que la Ley 25.520 prohíbe a los organismos de inteligencia realizar funciones represivas o investigativas sin requerimiento judicial, precisamente para evitar superposiciones y proteger las garantías constitucionales.

Reacciones políticas

En las últimas horas dirigentes opositores alertaron sobre el riesgo de un uso discrecional de la estructura de inteligencia para espiar a la oposición. Toma coincidió en que existe una “sensibilidad muy grande” en la sociedad y reclamó que las modificaciones se debatan abiertamente para evitar malinterpretaciones y resguardar derechos.

El debate sobre la modernización del sistema de inteligencia plantea tensiones entre la necesidad de adaptar la estructura a nuevas amenazas y tecnologías, y la exigencia de mantener controles democráticos que prevengan abusos. Para Toma, la vía adecuada es el diálogo parlamentario y medidas que simplifiquen la operación, no que la burocraticen.

Fuentes: La Voz