Milei habilitó un régimen para que civiles puedan comprar armas de guerra

El Registro Nacional de Armas aprobó un nuevo régimen por resolución

La resolución del Registro Nacional de Armas (RENAR), publicada en el Boletín Oficial, aprobó un régimen que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas con cargadores removibles —características asociadas a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto— y que habilita a legítimos usuarios civiles a tramitar autorizaciones con requisitos específicos.

Según la norma, los solicitantes deberán acreditar la titularidad del material, contar con un sector de guarda homologado, presentar declaración jurada e integrar elementos probatorios sobre usos deportivos. Entre las condiciones figura además una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario y la ausencia de antecedentes o sanciones administrativas. El trámite tendrá un costo equivalente al previsto para la “Tenencia Express” y la Tarjeta de Consumo de Municiones, según consta en la publicación oficial.

Qué establece el régimen y a quiénes alcanza

La resolución apunta a reemplazar normas anteriores y a «ordenar y transparentar» la tenencia de materiales considerados de uso condicional, en palabras de la autoridad. El alcance práctico del régimen dependerá de la interpretación de requisitos como la prueba del uso deportivo y la verificación del lugar de guarda, además del control administrativo que ejerza RENAR sobre las entidades de tiro y clubes deportivos.

Fuentes oficiales describen el paso como un intento de formalizar tenencias que, según el Ejecutivo, ya existían en ámbitos deportivos; en cambio, organizaciones por el desarme sostienen que la medida implica un avance en la liberalización del mercado de armas y que podría facilitar la circulación de armamentos con alta letalidad.

Críticas y advertencias

Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, advirtió públicamente que la medida abre la puerta a una progresiva liberalización de la portación y calificó a las armas habilitadas como «armas de guerra» por su capacidad de disparo sostenido. Angerosa sostuvo que, aun cuando existan usos deportivos legítimos, la disponibilidad de ese tipo de material en manos civiles aumenta riesgos de violencia y letalidad en delitos.

Las agrupaciones que trabajan en políticas de control y reducción de armas señalaron además que experiencias regionales de desregulación mostraron correlación con aumentos en homicidios, femicidios y tiroteos masivos. En sus críticas al gobierno se apoyan en comparaciones con procesos de flexibilización de acceso a armas en otros países de la región.

Requisitos administrativos y costos

Según la resolución, además de acreditar el tiempo como legítimo usuario y la ausencia de sanciones, quienes soliciten la autorización deberán demostrar un lugar de guarda homologado por RENAR y presentar documentación que respalde el uso deportivo. El trámite estará sujeto a una tasa que se equipara con trámites ya existentes, lo que implica un costo económico para quienes busquen la autorización.

La incorporación de controles sobre el lugar y sobre el uso deportivo pretende ser un mecanismo para filtrar solicitudes, pero la eficacia dependerá de la capacidad de inspección y fiscalización que despliegue el organismo, además de la posibilidad de recurso y control judicial sobre decisiones administrativas.

Debate público y consecuencias posibles

La medida abrió un debate inmediato en la agenda pública: el gobierno la presenta como una regularización administrativa orientada a usuarios deportivos; organizaciones civiles y algunos sectores de la sociedad civil proponen que la flexibilización aumentará la disponibilidad de armas de alta letalidad fuera del circuito militar o policial.

Analistas en seguridad señalan que el impacto real en la criminalidad depende de múltiples variables: inteligencia criminal, esfuerzo de las fuerzas de seguridad, comercio ilegal de armas y controles aduaneros. Sin embargo, cuando se autorizan tenencias de material de alta capacidad de fuego, existe preocupación por el potencial uso en hechos de violencia masiva o en la escalada de letalidad en delitos comunes.

Contexto legal e histórico

La regulación de armas en la Argentina combina normas nacionales y resoluciones administrativas. Organizaciones por el control de armas recuerdan etapas previas de restricción y apertura en distintos gobiernos y advierten que cambios normativos tendientes a ampliar el acceso requieren mecanismos de supervisión muy estrictos para minimizar riesgos.

Desde el Gobierno se defiende la iniciativa como parte de una política que aspira a ordenar tenencias y dar herramientas a legítimos usuarios deportivos; desde la sociedad civil se exige mayor debate público y evaluaciones de impacto en materia de seguridad y salud pública.

Fuentes: Página/12, publicación oficial en el Boletín Oficial (resolución del RENAR).