Milei y el Presupuesto 2026: tensión con el Congreso y riesgo de prórroga

Conflicto por el Presupuesto y la estrategia de veto

Javier Milei intensificó la confrontación con el Congreso después de que el oficialismo no lograra incluir el artículo 75 en el Presupuesto 2026, que derogaba la ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. El resultado: el Gobierno advirtió sobre un posible veto y la prórroga del presupuesto vigente, una táctica que ya utilizó en años anteriores.

Qué ocurrió en Diputados

La maniobra del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consistió en insertar el artículo dentro del Capítulo XI del Presupuesto, generando tensiones entre aliados. La inclusión buscaba condicionar apoyos y manejar recursos de coparticipación, pero la jugada terminó con el capítulo votado en contra. El enfrentamiento provocó que el oficialismo pierda respaldo incluso entre aliados históricos y sembró desconfianza en bloques como el PRO.

Reacción de aliados y consecuencias

El acuerdo posterior del Gobierno con el kirchnerismo para repartir cargos en la Auditoría General de la Nación fracturó aún más la coalición; referentes del PRO, como Cristian Ritondo, anunciaron distanciamiento y adelantaron eventuales acciones judiciales por procedimientos que consideraron ilegales en sesiones extraordinarias. En el Senado la situación también se tensó: Patricia Bullrich intentó posponer la votación de la Reforma Laboral para recomponer vínculos con aliados que amenazaron con no acompañar.

Veto, prórroga y la “motosierra” presupuestaria

El Gobierno amenazó con vetar el Presupuesto 2026 y prorrogar el vigente, una maniobra que, si se repite, permitiría avanzar por decreto y atajos administrativos —lo que el texto describe como la “motosierra”— para otorgar exenciones o modificar asignaciones sin acuerdos legislativos. Esa estrategia tensiona la gobernabilidad porque afecta la percepción de estabilidad institucional que demandan acreedores internacionales y organismos multilaterales.

Costos fiscales y debates

En el debate público se contrapone el costo fiscal de leyes como Discapacidad y Financiamiento Universitario (estimado en 0,75% del PBI) frente a la propuesta de exenciones y rebajas de cargas patronales de la Reforma Laboral (estimada en 0,8% del PBI). El Gobierno sostiene que la reducción del costo laboral es una inversión para generar empleo; la oposición y colectivos que apoyan las leyes sociales advierten sobre el impacto presupuestario en sectores vulnerables.

Riesgos para la institucionalidad y la negociación con acreedores

Analistas y actores políticos señalan que la continuidad de tensiones institucionales puede perjudicar la llegada de financiamiento externo, que exige cierto grado de estabilidad y previsibilidad. El texto recuerda que la administración depende de crédito externo y que la percepción de inestabilidad puede condicionar desembolsos. Fuentes vinculadas a organismos internacionales han señalado previamente que la estabilidad institucional es un requisito para continuar apoyos financieros.

Escenario político: polarización y juego estratégico

La dinámica descripta —con acusaciones mutuas, vetos y utilización de la prórroga presupuestaria— profundiza la polarización y puede forzar alineamientos tácticos entre bloques opositores. Si el Ejecutivo avanza sin acuerdos, podría aumentar la movilización social en defensa de las universidades y de políticas de discapacidad, mientras que un acuerdo entre el oficialismo y aliados puntuales podría aislar a sectores moderados y fragmentar la oposición.

Fuente: Perfil - crónica sobre la disputa por el Presupuesto 2026