Nación adelantará $220.000 millones a Entre Ríos para cubrir gastos y deudas en 2026
Anticipo financiero para evitar descalces presupuestarios en la provincia
El Gobierno nacional autorizó un anticipo financiero de hasta $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos para afrontar gastos urgentes y amortizar deudas durante 2026. El decreto 922/2025, publicado en el Boletín Oficial, dispone que la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía canalizará el adelanto y que la devolución se hará dentro del mismo ejercicio, con intereses calculados según la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR).
Mecanismo de devolución y afectación de recursos
La norma establece que la devolución del anticipo se realizará mediante la afectación automática de los recursos de la coparticipación federal y otros ingresos sin destino específico que correspondan a la provincia, conforme a lo previsto por la Ley N° 23.548 y sus modificaciones. Para ello, Entre Ríos deberá autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los montos necesarios hasta cubrir el capital y los intereses devengados.
Registro contable y seguimiento
El decreto también instruye a la Contaduría General de la Nación para que registre la erogación como un anticipo de fondos del Tesoro Nacional y documente su posterior recuperación. Ese registro tendrá impacto en la contabilidad pública nacional y en la forma en que se refleja la asistencia financiera en la rendición de cuentas.
Por qué la medida y qué busca evitar
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo afirmó que Entre Ríos enfrenta dificultades transitorias para atender compromisos clave, lo que podría afectar la ejecución del presupuesto y el pago de obligaciones. El anticipo apunta a evitar un descalce financiero mayor, permitiendo al gobierno provincial cubrir gastos urgentes y normalizar el calendario de pagos mientras avanza el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.
Condiciones y costos
El reembolso con intereses indexados a la TAMAR implica que el costo de la asistencia variará según la evolución de esa tasa mayorista. La afectación de fondos de coparticipación como mecanismo de garantía significa que, si la provincia no logra recomponer sus ingresos por otras vías, la Nación podrá retener directamente los recursos para pagar el anticipo.
Implicancias políticas y fiscales
Para el Gobierno nacional, la medida es una herramienta para contener riesgos fiscales a corto plazo y preservar servicios esenciales en la provincia. Para la administración provincial, representa una canalización rápida de liquidez que puede ayudar a evitar incumplimientos. Sin embargo, este tipo de asistencias también plantean debates sobre la autonomía fiscal de las provincias y las condiciones que impone la Nación al otorgar apoyos excepcionales.
Qué falta por conocer
El decreto fija el marco general pero deja preguntas operativas: el cronograma exacto de transferencias desde la Secretaría de Hacienda, la composición precisa de los rubros que se atenderán con el anticipo y el impacto sobre la ejecución de programas provinciales a lo largo de 2026. Tampoco detalla si habrá contrapartidas específicas por parte del Gobierno provincial en materia de ajuste o reordenamiento del gasto.
Fuentes: El Intransigente