“No podemos hacer nada”: la salud mental en la mira tras ataques de personas inimputables

Salud mental, la ley y la respuesta del SAME tras episodios violentos

Los recientes episodios de agresiones cometidas por personas declaradas inimputables volvieron a poner en el centro el debate sobre la salud mental, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la capacidad de respuesta del SAME. El sistema de emergencias psiquiátricas combina telemedicina, ambulancias especializadas y procedimientos judiciales, pero enfrenta límites operativos y legales que complican la prevención y la contención.

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, el SAME registró 5.360 auxilios psiquiátricos, con un promedio mensual de 766 atenciones, sobre un total de 96.567 emergencias médicas atendidas en el mismo período. Ese volumen equivale a alrededor del 5,6% del total de emergencias. Daniel Mosca, coordinador del equipo de Factores Humanos del SAME, señaló: "Las ambulancias psiquiátricas están trabajando todo el día" y subrayó la fuerte demanda sobre el servicio.

El relato de casos extremos que llegaron a los titulares —ataques en La Boca, en Retiro, episodios en la vía pública y homicidios vinculados a cuadros psiquiátricos— muestra la complejidad de distinguir a tiempo entre una crisis transitoria y una amenaza inminente. Mosca explica que la primera instancia de atención es telefónica: los emergentólogos que reciben la llamada evalúan y, si corresponde, derivan al equipo de Factores Humanos o intentan resolver por telemedicina. "En muchas ocasiones lo que se intenta es resolverlo a través de una videollamada", dijo.

Cuando la situación reclama intervención en el terreno se envía la ambulancia más cercana; si durante la evaluación se requiere la presencia de un psiquiatra, se convoca a una de las ambulancias especializadas (conocidas como zona 12 o la unidad del Hospital Alvear). La Ciudad dispone de dos unidades de este tipo, cada una con chofer y médico psiquiatra a bordo, una cobertura que los equipos describen como limitada frente a la demanda.

Mosca precisó que muchas intervenciones se resuelven con médicos generalistas o por telemedicina porque "dos psiquiatras no darían abasto" para atender todas las emergencias psiquiátricas. Además, las ambulancias psiquiátricas realizan traslados, evaluaciones ordenadas por la Justicia y otras tareas que incrementan la carga operativa.

En el plano normativo, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 protege los derechos de las personas y fija requisitos estrictos para las internaciones involuntarias: se exige el consentimiento informado del paciente o su representante cuando la persona está lúcida; si pierde la lucidez, la internación puede ser involuntaria con intervención judicial. La ley también requiere la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, la demostración de un riesgo cierto e inminente y la ausencia de alternativas ambulatorias.

Esas exigencias, diseñadas para evitar abusos y proteger derechos, pueden transformarse en obstáculos cuando se necesita una intervención rápida. Protocolos clínicos y plazos judiciales a veces demoran decisiones urgentes y complican la contención de cuadros graves, lo que alimenta el debate sobre si es necesario revisar la ley o mejorar los mecanismos operativos y judiciales para casos de riesgo inmediato.

El problema se complejiza con situaciones de calle, consumo y comorbilidades: hay agresores que están en situación de calle y que, por su condición, resultan más difíciles de abordar mediante redes sociales y sanitarias. Familiares y testigos relatan a la prensa que, en ocasiones, la policía y los servicios sanitarios identifican un cuadro psiquiátrico pero se encuentran limitados para tomar medidas inmediatas si la persona no cumple los requisitos legales para una internación forzada.

La combinación de alta demanda, recursos limitados y marcos legales rígidos genera una sensación recurrente entre policías, vecinos y familiares: la incapacidad de prevenir algunos episodios extremos. En ese contexto, profesionales de la salud y operadores judiciales proponen alternativas: mayor inversión en dispositivos comunitarios, fortalecimiento de la atención ambulatoria y protocolos de actuación conjunta entre salud, justicia y asistencia social que permitan respuestas más rápidas y coordinadas.

El SAME destaca el uso intensivo de la telemedicina psiquiátrica como un recurso clave para ampliar el alcance clínico, y remarca que las unidades especializadas aportan un estándar poco frecuente en el mundo. Sin embargo, Mosca advierte que esos mecanismos necesitan más capacidad operativa y acompañamiento por parte de otras políticas públicas para ser eficaces en la prevención.

El debate continúa abierto: cómo garantizar derechos y, al mismo tiempo, permitir intervenciones ágiles en situaciones de riesgo; qué modificaciones adoptar en la ley o en los protocolos judiciales; y cómo articular salud, seguridad y asistencia social para reducir la repetición de episodios violentos por personas con cuadros psiquiátricos graves. Las respuestas requerirán decisiones políticas y recursos, además de mejoras en la coordinación interinstitucional.

Fuentes: Clarín