Pensión alimentaria: madres sostienen, padres desaparecen

Incumplimiento alimentario y violencia económica en la región

La deuda de alimentos y el fenómeno de los deudores alimentarios impactan directamente en la vida cotidiana de madres y niños. En Argentina, el 68% de los progenitores varones no convivientes incumple su obligación de pago, una cifra que refleja tanto fallas institucionales como una cultura que tolera la desresponsabilización paterna.

Clara tiene dos hijos y hace tres años que vive separada. Al principio su expareja pagaba de forma irregular; con el tiempo dejó de hacerlo. Ella figura hoy como la sola responsable de la escolaridad, la comida, la ropa y las medicinas. Esa carga, repetida en miles de hogares, es lo que muestran las estadísticas regionales y las investigaciones sociales: cuando la obligación alimentaria se incumple, la consecuencia inmediata la sufren niñas y niños y, en mayor medida, las mujeres que los cuidan.

Panorama regional y medidas en vigor

Países de la región han intentado responder con herramientas distintas: registros públicos de deudores alimentarios en Paraguay, Chile y México; sanciones administrativas que van desde embargos hasta limitaciones para obtener pasaportes o contratar con el Estado. En Paraguay, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) reúne más de 10.000 inscriptos; en la Región Metropolitana de Chile hay más de 82.000 anotados; en Guanajuato (México) se abren alrededor de nueve denuncias diarias por incumplimiento.

Fuente: Datos nacionales citados en reportes regionales, periodo: últimos años

Por qué se incumple: causas encadenadas

Las razones son múltiples y se superponen. La informalidad laboral complica mecanismos de cobro como embargos o retenciones: muchas personas trabajan por cuenta propia, sin recibos ni contratos. Eso no explica todo: hay una trama cultural que permite y normaliza la ausencia económica y afectiva del padre. La justificación habitual —“no tengo ingresos fijos”— convive con prácticas de control y violencia vicaria cuando el impago se usa como forma de castigo contra la expareja.

Los procesos judiciales son otra barrera: lentos, costosos y difíciles de tramitar. Muchas mujeres desisten por cansancio, falta de asesoramiento o miedo a represalias. El resultado es que la obligación legal queda, en la práctica, sin garantía efectiva para quien la reclama.

Impacto social y propuestas

El incumplimiento alimentario es, además, un problema de derechos humanos: menores que no acceden con regularidad a alimentación, salud o educación parten con desventajas permanentes. En Argentina hay datos preocupantes: 1,6 millones de mujeres sostienen solas más de 3 millones de menores (Ministerio de Economía); cuatro de cada diez madres son pobres (Cippec); ocho de cada diez hogares monoparentales están a cargo de mujeres (INDEC).

Las propuestas más repetidas para reducir el incumplimiento incluyen: registros públicos más accesibles y actualizados; procedimientos judiciales agilizados; embargos y retenciones efectivas; sanciones administrativas (limitación para salir del país, incompatibilidad para contratar con el Estado, inhabilitaciones); y políticas públicas que combinen sanción con asistencia (acceso a asesoría legal gratuita, redes de contención y subsidios temporales cuando corresponda).

Además, las campañas de visibilización y la presión social —por ejemplo a través de redes o acciones comunitarias— han demostrado ser efectivas para forzar cumplimiento en contextos donde la ley por sí sola llega tarde o no se ejecuta.

Hacia una respuesta integral

No alcanza con instrumentos legales si persiste la tolerancia social hacia el abandono. Hacen falta cambios institucionales y culturales: educación afectiva, responsabilidad parental explícita en políticas públicas, acceso real a la justicia y sanciones que no queden en el papel. Revertir este patrón implica también desnaturalizar la sobrecarga que recae sobre las madres y reconocer la violencia económica como forma concreta de violencia de género.

La historia de Clara no debería repetirse. Garantizar el cobro de pensiones no es solo administrar una transferencia: es proteger derechos, reducir desigualdades y asegurar condiciones mínimas de desarrollo para niñas y niños.

Fuentes: Perfil