Polémica por libertad de agresores con diagnóstico psiquiátrico tras homicidio en Corrientes
Falla del sistema penal y sanitario pone en foco la salud mental y la seguridad pública
La libertad de personas con diagnósticos psiquiátricos y antecedentes de delitos volvió a quedar al centro del debate tras el asesinato de una turista brasileña en la calle Corrientes, caso que señaló a un hombre identificado como Federico N. como principal imputado. El planteo de expertos y columnistas apunta a la tensión entre la respuesta sanitaria —internaciones, tratamientos y seguimiento— y las medidas judiciales que habilitan excarcelaciones o medidas alternativas cuando existe inimputabilidad parcial o total.
Qué dijo el columnista y por qué reabrió la discusión
El columnista Federico Fahsbender, en su columna en Infobae en Vivo, relató el caso y afirmó que “la pendiente hacia abajo de la salud mental en Argentina nos está llevando a estas cosas”, en referencia a la acumulación de delitos y episodios de consumo problemático sin un control efectivo. Fahsbender puso el acento en el entramado judicial que, según su análisis, permite que personas con antecedentes psiquiátricos y una larga lista de ilícitos queden en libertad o bajo medidas que no garantizan la protección de la sociedad ni el tratamiento clínico adecuado del imputado.
La figura de la inimputabilidad y las medidas de seguridad
En el derecho penal argentino existe la figura de la inimputabilidad para quienes, por un trastorno mental, no tienen capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones. Cuando se declara inimputable, el sistema puede aplicar medidas de seguridad —internación en hospitales neuropsiquiátricos o tratamientos ambulatorios bajo supervisión— en lugar de una pena privativa de libertad.
El problema que señalan especialistas y críticos del sistema no es la existencia de esa figura jurídica, sino los vacíos en su implementación: escasos recursos para internaciones seguras, falta de dispositivos de seguimiento ambulatorio, vacíos de coordinación entre salud pública y el Poder Judicial, y deficiencias en los registros que permiten monitorear a personas con riesgos de reincidencia.
Focos de la crítica: seguimiento, camas y controles
Los reclamos que habitualmente surgen tras casos como este incluyen: insuficiente número de camas en dispositivos de salud mental adecuados; ausencia de protocolos claros para la transición entre atención hospitalaria y seguimiento ambulatorio; carencias en los equipos interdisciplinarios que deberían evaluar riesgo y evolución; y fallas de comunicación entre fiscalías, jueces y hospitales. Todo ello, sostienen los críticos, genera situaciones en las que personas consideradas peligrosas no reciben controles efectivos.
Consumo problemático y comorbilidades
En muchas causas que incluyen violencia existe un componente de consumo problemático de drogas o alcohol, además de trastornos mentales. Esa comorbilidad complica el diagnóstico y el pronóstico: los episodios agudos asociados al consumo incrementan la probabilidad de conductas violentas, y sin un abordaje integral —salud, tratamiento de adicciones, asistencia social— el riesgo permanece.
Responsabilidad judicial y sanitaria: límites y tareas pendientes
La Justicia enfrenta el desafío de aplicar normas penales y de garantías procesales al tiempo que considera pericias psiquiátricas. Los fallos que liberan a imputados con diagnósticos psiquiátricos suelen basarse en dictámenes que evalúan la imputabilidad, pero esos dictámenes no siempre van acompañados de propuestas viables de internación o supervisión. Por su parte, el sistema sanitario público reclama más recursos y protocolos para manejar casos con riesgo social.
Casos previos y la discusión pública
La discusión no es nueva: cada vez que un crimen involucra a una persona con diagnóstico psiquiátrico reaparece el reclamo por mejores políticas públicas. Organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y gremios plantean la necesidad de un plan nacional de salud mental que incluya aumento de camas en dispositivos apropiados, equipos de atención comunitaria, programas de tratamiento de adicciones y mecanismos de articulación con la Justicia.
Qué reclaman las familias y las víctimas
Familiares de víctimas y sectores de la sociedad reclaman medidas más firmes de prevención y control: mayor inversión en salud mental, circuitos judiciales que garanticen pericias más ágiles y efectivas, y dispositivos interinstitucionales que sigan a las personas con riesgo. También piden transparencia en las decisiones judiciales y explicaciones claras sobre por qué una persona con antecedentes llega a quedar en libertad.
Posibles medidas para mejorar el control
Entre las propuestas que suelen aparecer en el debate público están: crear registros integrados de personas con medidas de seguridad, fortalecer equipos interdisciplinarios que acompañen las salidas del sistema hospitalario, implementar dispositivos de control ambulatorio con intervención de salud y asistencia social, y protocolos de coordinación entre juzgados, fiscalías y hospitales. Todas requieren inversión y voluntad política para su implementación sostenida.
Conclusión
El caso señalado por Fahsbender reactiva una discusión más amplia sobre hasta qué punto el sistema garantiza la seguridad pública sin vulnerar derechos. La tensión entre salud y Justicia exige respuestas coordinadas: no alcanza con declarar inimputable a una persona si no existen dispositivos que aseguren su tratamiento y control. Mientras tanto, cada nuevo hecho de violencia reaviva el reclamo por políticas integrales que protejan a las víctimas y atiendan a quienes tienen trastornos mentales y consumos problemáticos.
Fuente: Infobae: Polémica por la libertad de agresores con diagnóstico psiquiátrico