Por qué Argentina necesita una transformación productiva para recuperar crecimiento
Una brecha histórica que pide cambios estructurales
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Del liderazgo relativo a la divergencia: una síntesis histórica
En 1890 la Argentina tenía un ingreso per cápita equivalente al 80% del de Estados Unidos y era comparable con economías como Australia y Canadá. A partir de la década de 1930, esa ventaja relativa comenzó a reducirse de forma sostenida hasta quedar, en valores actuales, en torno al 25% respecto a la referencia norteamericana, según el análisis difundido por La Nación.
Ese proceso de desacople planteó una pregunta central para las políticas públicas: cómo recuperar capacidad de crecimiento y convergencia con los países desarrollados. Para muchos economistas la respuesta pasa por una transformación productiva que aumente la productividad, diversifique la estructura productiva y eleve el valor agregado de las exportaciones.
Qué es la transformación productiva
La transformación productiva implica una combinación de medidas que afectan la oferta y la demanda: inversión en infraestructura y capital humano, políticas industriales orientadas a la innovación, promoción de sectores con mayor contenido tecnológico, integración de las pymes a cadenas globales de valor, mejora del clima de negocios y estabilidad macroeconómica que permita planificar a largo plazo.
En términos prácticos, esto exige alinear incentivos fiscales, crédito y capacitación con metas claras de productividad y exportación. También requiere mejorar la conectividad logística y fortalecer institutos de ciencia, tecnología y capacitación técnica para que la mano de obra responda a las demandas de actividades de más alto valor.
Por qué las recetas tradicionales no alcanzan
Las políticas centradas en la compensación de corto plazo (subsidios, controles de precios, tipo de cambio administrado) pueden aliviar tensiones inmediatas, pero no sustituyen la inversión sostenida en capital físico y humano ni la reforma de instituciones que faciliten la inversión privada y pública eficiente. Sin estabilidad macroeconómica y previsibilidad regulatoria, la inversión productiva queda restringida.
Lecciones comparadas y posibilidades locales
Países que lograron acortar la brecha con economías avanzadas lo hicieron combinando apertura inteligente, inversión en educación técnica y superior, y políticas industriales que promueven segmentos con encadenamientos productivos. Para Argentina, la heterogeneidad regional y la fortaleza de sectores tradicionales (agro, alimentos) son activos que pueden combinarse con políticas que impulsen la diversificación hacia manufacturas y servicios de mayor productividad.
Condiciones necesarias para avanzar
Entre las condiciones que suelen mencionarse para impulsar una transformación productiva figuran la estabilidad macroeconómica, un sistema financiero que canalice crédito a largo plazo, marcos regulatorios estables, inversión pública en infraestructura esencial (logística, energía, conectividad) y una política educativa que forme perfiles técnicos y profesionales demandados por la industria.
Además, la cooperación público-privada y la focalización en pymes con potencial exportador son claves para que los cambios estructurales no queden concentrados en unos pocos grandes actores.
Implicancias políticas y sociales
Una transformación productiva genera ganadores y perdedores en el corto plazo: requiere medidas de transición que protejan poblaciones vulnerables y políticas de reconversión laboral. La dimensión social es central: sin inversión en capital humano y sin redes de apoyo, los beneficios de la modernización productiva pueden resultar limitados o desigualmente distribuidos.
Un desafío de largo plazo
Recuperar el dinamismo relativo perdido desde 1930 no es tarea de corto plazo. Requiere consensos básicos sobre reglas de juego, planes de inversión sostenidos y una visión estratégica que supere los ciclos electorales. La transformación productiva no es una fórmula única: depende de las ventajas comparativas del país, su posición en cadenas globales y la capacidad para articular políticas públicas con iniciativa privada y actores sociales.
Fuente: La Nación — columna de opinión