Preska ordena entregar chats y mails de funcionarios en la causa YPF antes de fin de mes

Jueza Preska exige comunicaciones oficiales en dispositivos personales; la entrega incluye WhatsApp y correos

La medida de la jueza Loretta Preska obliga a la Argentina a entregar chats y mails de funcionarios actuales y anteriores relacionados con YPF antes de fin de mes; la instrucción forma parte del "discovery" que busca probar el supuesto vínculo de "alter ego" entre el Estado y la petrolera y podría derivar en sanciones por desacato si no se cumple.

El nuevo tramo del juicio por la expropiación de YPF se centra en la recolección de comunicaciones privadas de funcionarios, incluidas conversaciones por WhatsApp y correos electrónicos. Según la resolución oral en audiencia, la jueza Preska fijó como plazo el 30 de octubre para que el Estado entregue esas "off-channel communications" obtenidas en dispositivos personales que, según la demanda, contienen decisiones y actos gubernamentales vinculados con la gestión de la petrolera.

La orden comprende intercambios de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa (durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández) y Luis Caputo (actual), además de otros funcionarios y registros que, según el expediente, podrían incluir información del Banco Central. El objetivo de los demandantes es reforzar la teoría de que el Estado y YPF actuaron como una misma entidad —el llamado "alter ego"— para justificar la ampliación de las medidas reclamadas en Estados Unidos.

El fondo Burford Capital, que compró derechos de litigio relacionados con la causa y es el principal beneficiario del fallo de primera instancia (que en la práctica supera ya los USD 18.000 millones con intereses), presiona para que la documentación sea entregada como parte del proceso de discovery. Los estudios que representan a los demandantes y a la Argentina (Levine Lee, King & Spalding, Kellogg, Hansen, Todd, Figel & Frederick por la parte demandante; Sullivan & Cromwell por la defensa argentina) participaron de la audiencia donde se ratificó el cronograma.

Desde la defensa argentina se argumentó que muchos de esos mensajes y correos están en dispositivos personales y que el Estado no tiene medios prácticos para recolectarlos; además, el abogado de la defensa sostuvo que pedir la cooperación de funcionarios podría interpretarse como coercitivo frente a una norma constitucional nacional. La jueza rechazó esa interpretación y sostuvo que la orden es necesaria para avanzar en el "discovery".

En la audiencia también se discutieron pruebas ya presentadas por los demandantes: entrevistas y registros donde, según la contraparte, el presidente, el ministro de Economía y el titular del BCRA reconocieron usar canales no oficiales para comunicarse. El Gobierno no negó el uso de vías alternas, pero sostuvo que los asuntos oficiales se conducen por canales formales.

La orden de entrega de comunicaciones se inscribe en la apelación de la sentencia principal: dentro de dos semanas habrá una primera presentación por la apelación que revisa la condena de primera instancia por la expropiación. La jueza Preska advirtió sobre la posibilidad de dictar desacato si la Argentina no cumple la orden, según el acta oral transcripta en la audiencia; esa mención reaviva la preocupación por sanciones procesales en tribunales de Estados Unidos.

Qué implica y qué puede ocurrir: un dictamen de desacato en tribunales federales de EE. UU. puede conllevar multas, órdenes coercitivas y otras sanciones procesales típicas de ese sistema. En el caso de un Estado soberano la ejecución práctica de sanciones presenta complejidades específicas, pero la amenaza de desacato suma presión política y legal sobre la estrategia de defensa argentina en el exterior.

Contexto breve para el lector: el proceso por la expropiación de YPF, iniciado tras la nacionalización de parte de las acciones en 2012, culminó en primera instancia con una condena a la Argentina por una suma millonaria. El litigio derivó en demandas y reclamos vinculados a las acciones y ahora entra en la etapa probatoria destinada a demostrar la conexión operativa entre el Estado y la petrolera.

La resolución de Preska obliga al Estado a gestionar la colaboración de sus funcionarios para la remisión de comunicaciones en sus dispositivos personales; el plazo fijado y la eventual escalada por desacato serán factores determinantes en la siguiente etapa del litigio.

Fuente: Infobae