Presupuesto 2026: gobernadores exigen más gasto y complican a Luis Caputo

Gobernadores presionan por mayores márgenes de gasto en el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026, la negociación entre la Casa Rosada y las provincias, y la figura de Luis Caputo están en el centro de la discusión. Los gobernadores presentan reclamos para ampliar financiamiento, flexibilizar condiciones sobre cajas previsionales y mantener beneficios como las zonas frías, mientras el Gobierno ofrece correcciones técnicas y reclama responsabilidad fiscal.

Panorama político y económico

El escenario para la sanción del presupuesto llega con un tablero político distinto al de meses atrás: victoria electoral del oficialismo, respaldo internacional y un Fondo Monetario Internacional que, según fuentes oficiales, considera que Argentina cuenta con márgenes para consolidar su programa. En ese contexto, las provincias no quieren quedar excluidas del nuevo esquema fiscal y elevan pedidos que podrían obligar a la Casa Rosada a negociar concesiones puntuales.

Los reclamos provinciales

Un documento que circula en Diputados sintetiza siete ejes centrales planteados por los mandatarios provinciales, casi todos vinculados a financiamiento y reparto de fondos. Entre los puntos más sensibles aparecen:

• Autorización para que las provincias accedan a crédito internacional con aval nacional, un punto reclamado como necesario por varios gobernadores y que, según ellos, no impactaría negativamente en las cuentas públicas.
• Mayor flexibilidad y ampliación de la partida para las cajas previsionales no transferidas. El proyecto original fija $122,7 mil millones pero incluye requisitos que limitan el acceso a aquellas provincias cuyo déficit previsional esté reconocido por ANSES desde 2021; varios mandatarios piden ampliar la cifra y relativizar la letra chica.
• Preservar la extensión del régimen de zonas frías que hoy beneficia a más de tres millones de hogares; la propuesta del Ejecutivo prevé revertir la ampliación de 2021, lo que dejaría afuera a numerosos beneficiarios, especialmente en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Coparticipación, ARCA y recursos específicos

Además de las cuestiones fiscales generales, las provincias exigen revisar partidas específicas y mecanismos de reparto. Reclaman, por ejemplo, una revisión del 1,9% de la recaudación nacional administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyo director es Juan Pazo. Legisladores provinciales sostienen que parte de ese porcentaje podría redistribuirse sin afectar el funcionamiento del organismo, que según los mismos representantes mantiene superávit.

Otro punto puntual fue la incorporación en el texto presupuestario del acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda por coparticipación: desde agosto la Nación adeuda $274 mil millones correspondientes al 1,55% fijado por la Corte Suprema, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, requirió que la normalización de pagos quede garantizada por ley.

El rol de Caputo y la mesa legislativa

En las últimas semanas Luis Caputo optó por participar más activamente en el armado parlamentario del Presupuesto. Se lo vio en reuniones en Casa Rosada junto a Diego Santilli (Ministerio del Interior), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y Manuel Adorni para definir la agenda extraordinaria y las correcciones al proyecto enviado en septiembre.

Desde el Ministerio de Economía adelantan que no habrá un “festival de concesiones”, aunque sí aceptarían "correcciones técnicas" para mandatarios con mayor peso legislativo —se mencionan a Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Neuquén y Río Negro— con el objetivo de asegurar quórum y votos en el Congreso.

Negociaciones por retenciones y petróleo

En la negociación también hubo avances puntuales: tras conversaciones con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, Economía acordó una modificación de las retenciones al petróleo convencional, plasmada en un acta de entendimiento. Esa medida responde a demandas de provincias patagónicas que sostienen que los derechos de exportación afectan su actividad productiva.

¿Qué se define además del presupuesto?

Más allá de la letra fiscal, el debate por el Presupuesto 2026 funciona como una prueba de gobernabilidad para la nueva etapa política. La Casa Rosada entiende que el texto no es solo un cálculo de recursos sino una señal política: cómo se distribuyen las cargas y beneficios marcará el primer gran equilibrio entre poder central y provincias tras la reciente recomposición del Congreso.

Escenarios y riesgos

Si la negociación logra incorporar correcciones limitadas, el Gobierno conservaría la línea de ajuste fiscal que reclama el equipo económico. Si, en cambio, los gobernadores obtienen cambios más amplios —por ejemplo, mayor acceso a crédito con aval nacional o ampliación de partidas previsionales—, la Casa Rosada afrontaría el desafío de compatibilizar esas salidas con las metas exigidas por sus interlocutores internacionales.

Qué sigue

La discusión continuará en las comisiones del Congreso y en mesas bilaterales entre Nación y provincias. Fuentes oficiales aseguran que Economía no cerrará la puerta al diálogo, pero condicionan cualquier cambio a que se respete un marco de responsabilidad fiscal. Para lograr la sanción definitiva será fundamental el equilibrio entre concesiones que aseguren votos y la preservación de las metas macroeconómicas del Gobierno.

Fuentes: El Intransigente