Procuración niega desacato en el juicio por YPF en EEUU y denuncia "hostigamiento" de Burford

Contexto y postura oficial
La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) negó que la Argentina esté en desacato en el prolongado juicio por la expropiación de YPF que tramita en tribunales de Nueva York, y calificó como “un intento inadmisible de hostigamiento” las acciones que Burford Capital impulsa para cobrar la condena que, en primera instancia, fue fijada por más de USD 16.000 millones. El organismo, que encabeza Santiago Castro Videla, afirmó que el país "está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes" y rechazó versiones sobre sanciones o medidas coercitivas.
Qué es la PTN y quiénes llevan el caso
La Procuración del Tesoro de la Nación representa al Estado argentino en juicios nacionales e internacionales y coordina la defensa legal del país. En la causa por YPF intervienen dos subprocuradores mencionados en el comunicado: Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, quienes llevan adelante las presentaciones frente a la jueza Loretta Preska, responsable del expediente principal en Nueva York.
El estado del proceso y el pedido de discovery
La causa por la expropiación de YPF tramita desde hace más de una década. La condena en primera instancia fue apelada por la Argentina, y en paralelo Burford Capital, que compró hace una década los derechos para litigar en la causa, ha insistido en medidas para ejecutar el fallo. Entre los pasos reclamados por Burford figura el pedido de acciones de YPF en manos del Estado y la búsqueda de pruebas que, según sostiene, demostrarían un "alter ego" entre la Nación y la empresa.
La PTN rechazó la interpretación del demandante respecto del proceso de discovery —que ordenó la jueza Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios— y recordó que la medida fue apelada por el Estado por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. Según el comunicado oficial, desde el 15 de enero se acordó un cronograma procesal para el intercambio de escritos entre las partes y se realizan entregas parciales y periódicas de la información requerida, con la colaboración voluntaria de la mayoría de los involucrados.
Los argumentos contrapuestos
Burford sostiene que el Estado no presentó determinadas comunicaciones (chats y correos) que podrían acreditar la existencia de un vínculo directo entre funcionarios y la compañía, y por eso apunta a que se declare el país en desacato. Esa calificación —de concretarse— abriría la puerta a sanciones procesales y a mayores dificultades para la defensa del Estado en la causa. La PTN, por su parte, consideró que hablar de desacato es “absolutamente falso y especulativo” y que las iniciativas de Burford apuntan a "desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio".
Implicancias políticas y económicas
Una eventual declaración de desacato tendría impacto político y económico: complicaría los intentos del Gobierno por recuperar confianza de inversores internacionales y podría afectar la posibilidad de que el país acceda a financiamiento bajo legislación estadounidense. El comunicado oficial vinculó además las acciones de Burford con caídas en el precio de sus acciones este año —señaló una baja del 29%— y con la expectativa generada por audiencias de apelación, incluyendo la que tuvo lugar en octubre y que, según la PTN, resultó favorable al Estado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Calendario procesal y agenda diplomática
La Procuración detalló que el cronograma fijado permitirá que ambas partes presenten escritos desde el 15 de enero y que cualquier decisión quedará sujeta a la evaluación del tribunal. En paralelo, la causa transcurre en un momento sensible para la agenda internacional del país: cuando Preska deba resolver sobre la eventual declaración de desacato, en Nueva York se estará desarrollando la Argentina Week, evento convocado para inversores globales al que, según medios, planea asistir el Presidente. La PTN subrayó la necesidad de “seriedad, rigor y apego a la verdad” en la defensa del interés nacional.
Qué puede suceder ahora
- La jueza Preska evaluará las presentaciones de las partes y decidirá si corresponde aplicar sanciones o declarar el desacato, una resolución que dependerá de la valoración probatoria y del alcance del discovery.
- La apelación de la condena seguirá su curso ante instancias superiores; cualquier ejecución del fallo se encuentra condicionada por esos recursos y por las decisiones procesales en marcha.
- En el plano político, el resultado del litigio y la percepción sobre el manejo del caso pueden influir en la imagen del país frente a inversores y en la estrategia oficial para atraer capitales.
La PTN concluyó su comunicado insistiendo en que la Argentina actúa conforme al derecho y dentro de la ley, rechazando intentos que, a su entender, buscan presionar al Estado soberano y a sus funcionarios. El proceso continuará con los plazos fijados en enero y con el contacto entre la representación estatal y los funcionarios llamados a prestar consentimiento o colaborar con la producción de pruebas.
Fuente: Infobae
