Propuesta de reforma laboral para favorecer empleo formal y PyMes

Empleo, PyMes y regulación laboral: lecturas del tercer trimestre

Los datos del tercer trimestre mostraron que la desocupación cayó a 6,6% tras una creación de empleo mayor a la esperada, aunque una parte menor de esos puestos correspondieron a asalariados formales del sector privado. Esa combinación —más gente activa, más puestos pero menor proporción de contratos formales— sintetiza una tensión estructural en el mercado de trabajo argentino que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMes) y a los trabajadores que buscan empleo en relación de dependencia.

Por qué importa la composición del empleo

El descenso de la desocupación es una buena noticia en términos macro, pero su efecto real depende de la calidad de los empleos creados. En Argentina la proporción de empleados en relación de dependencia en el sector privado viene cayendo respecto del total ocupados desde hace décadas. Las PyMes suelen ser grandes generadoras de empleo, pero factores como la alta litigiosidad laboral, la falta de parámetros claros frente a juicios y los costos de contratación llevan a que muchas empresas prioricen modelos de producción con menos personal o contraten en condiciones distintas (informalidad, monotributo, trabajo independiente).

Riesgos para las PyMes

Para una PyMe, un juicio laboral puede representar un riesgo económico severo: costos judiciales, indemnizaciones inciertas y el impacto directo sobre la continuidad del negocio. Cuando el marco normativo y la práctica judicial generan incertidumbre, la decisión empresarial suele inclinarse a reducir o frenar contrataciones en relación de dependencia. En un país con relativamente poco capital por trabajador, ese sesgo limita la absorción de mano de obra por parte del sector privado.

Qué cambios plantea la reforma y sus efectos inmediatos

Según el análisis difundido por su autor, la reforma que se propone no afecta los derechos adquiridos —es decir, las condiciones vigentes para quienes ya están contratados— y opera sobre las relaciones laborales futuras. Entre los puntos que se destacan:

• Clarificación de los términos de la indemnización para reducir motivos de litigio.
• Creación de un fondo de cese laboral obligatorio: un ahorro que el empleador constituiría mes a mes y que se descuenta de las contribuciones patronales, con el objetivo de garantizar un mecanismo de pago ante despidos sin imponer un costo adicional directo al empleador.
• Fin de la retención obligatoria de la cuota sindical por parte del empleador: el descuento sólo se podrá practicar si el sindicato accede a la detracción, evitando que trabajadores no afiliados financien automáticamente las arcas gremiales.
• Facultad para negociar acuerdos a nivel de empresa, sector, tamaño o región que, si se alcanzan de mutuo acuerdo, primarán por sobre convenios de mayor jerarquía en determinadas materias.

Ventajas y preguntas abiertas

Los promotores de la reforma sostienen que estas modificaciones incentivan la creación de empleo formal en el sector privado porque reducen la incertidumbre jurídica y ajustan mecanismos para que las PyMes puedan contratar con menos riesgo. El fondo de cese, en particular, busca dar mayor garantía de cobro al trabajador cesanteado sin obligar a la empresa a un pago inmediato elevado. También se argumenta que la eliminación de la retención sindical obligatoria amplía la libertad de asociación individual.

No obstante, quedan preguntas relevantes: ¿los cambios alcanzan para modificar la tendencia estructural hacia la informalidad? ¿Cómo garantizarán los controles que las negociaciones por empresa no se traduzcan en pérdida de derechos básicos? ¿Habrá acompañamiento de políticas activas —créditos con incentivos de empleo, formación profesional, sistema de inspección efectivo— para que las PyMes efectivamente generen puestos formales?

Balance y contexto comparado

En otros países las reformas laborales combinan protección de derechos con mayor previsibilidad para los empleadores; sin embargo, los diseños difieren según desarrollo institucional, tamaño del mercado interno y estructura productiva. En Argentina la discusión no puede limitarse a la letra de la norma: debe incluir cómo funcionan los tribunales laborales, la capacitación de jueces y mediadores, la eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y las políticas públicas que acompañan a las PyMes. El objetivo público es que al crecer la actividad también aumenten los puestos en relación de dependencia, no sólo la productividad por trabajador.

Qué esperar en la práctica

Si la reforma reduce la litigiosidad inducida por ambigüedades normativas y el fondo de cese opera con transparencia, es plausible que algunas empresas se sientan más seguras para crear empleo formal. Pero el impacto real dependerá de la implementación, los controles y las políticas complementarias para sostener a las PyMes y mejorar la calidad del empleo. En la discusión política también asoman tensiones por el rol de los sindicatos: limitar la retención automática afecta recursos de las organizaciones, y eso generará resistencias y negociaciones que definirán el texto final y sus alcances.

Fuente: Perfil