Provincia mantendrá topes en más del 70% de colegios privados
Qué cambia con la derogación del control nacional y cómo afecta a las escuelas privadas
La derogación del Decreto 2417/1993 por parte del Gobierno nacional (Decreto 787/2025) elimina el régimen nacional que obligaba a los colegios privados a informar y obtener autorización previa para aumentar aranceles, pero la Provincia de Buenos Aires aclaró que las instituciones con aporte estatal —más del 70% del total provincial— seguirán sujetas a topes arancelarios y a la supervisión de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).
La medida nacional otorga mayor libertad a los establecimientos privados sin aporte estatal para fijar cuotas y matrículas, mientras que en la provincia bonaerense las escuelas que reciben subsidios continuarán con el mecanismo de control y autorización previsto por la normativa provincial vigente.
Qué implica el Decreto 787/2025
El nuevo decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que la norma de 1993 respondía a otra etapa administrativa y que, con el traspaso de competencias a las provincias, resulta necesario «revisar el marco normativo» para permitir a los institutos privados mayor flexibilidad frente a los costos operativos. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) celebraron la decisión como una herramienta para la adaptación económica de las escuelas sin aporte estatal.
Impactos locales y dudas para 2026
En la práctica, la derogación puede generar diferencias entre instituciones con y sin subsidios: las primeras seguirán presentando y justificando aumentos ante la DGCyE; las segundas podrán ajustar sus aranceles sin la obligación de solicitar autorización o informar con anticipación. El gobierno provincial enfatizó que la medida nacional no anula las regulaciones provinciales ni el control sobre los establecimientos con aporte estatal.
Directores y familias quedan atentos a cómo se implementará la medida de cara al ciclo lectivo 2026: fuentes oficiales provinciales indicaron que, para las escuelas sin aporte, se elimina la obligación de informar en octubre sobre matrícula y aranceles que regirían el año siguiente, pero no cerraron la puerta a mecanismos de fiscalización cuando existan prácticas abusivas o faltas a la normativa educativa provincial.
Balance y comentarios
Para las autoridades provinciales, la decisión nacional busca «dar flexibilidad» y mejorar la adaptación de los institutos a las realidades económicas; para los sectores educativos y familias, la preocupación principal es mantener la previsibilidad y evitar aumentos sorpresivos que afecten la accesibilidad. La situación abre camino a posibles conflictos regulatorios entre jurisdicciones y requerirá definiciones operativas en los próximos meses.
Fuentes: El Día