Qué implica la transferencia de datos personales a Estados Unidos y cómo puede afectar a los argentinos
Qué significa la transferencia transfronteriza de datos y por qué preocupa
La transferencia transfronteriza de datos personales a Estados Unidos implica que bases de datos de clientes, operaciones comerciales y datos sensibles puedan circular fuera de la Argentina bajo reglas distintas. Esa idea, incluida en la declaración de intención del acuerdo comercial anunciada por la Casa Blanca y el Gobierno argentino, encendió alertas entre especialistas en derecho digital y protección de la privacidad.
Marco legal actual en la Argentina
La Ley de Protección de Datos Personales (25.326) establece como regla general que no se pueden transferir datos personales a países que no ofrezcan un nivel de protección adecuado. Esa decisión de “adecuación” la toma la autoridad nacional: la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Hasta que no haya una declaración formal, Estados Unidos no está considerado como país adecuado y, por eso, las transferencias requieren salvaguardas adicionales o encuadrar en excepciones legales.
Qué cambiaría con la declaración de intención
Según el texto comunicado por la Casa Blanca, Argentina aceptaría reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y se comprometería a no discriminar servicios digitales estadounidenses. Si esa adecuación se concreta, dejarían de exigirse las garantías complementarias que hoy obligan a muchas empresas argentinas antes de enviar datos al exterior. Para las empresas, esto facilita operar plataformas, servicios en la nube y herramientas de inteligencia artificial con menos trabas regulatorias y contratos más simples.
Riesgos para las personas
El principal punto crítico es que Estados Unidos no cuenta con una ley federal de protección de datos personales. Su regulación es fragmentada: existen leyes estatales robustas (por ejemplo, en California) pero la mayoría de los estados no tienen normas equivalentes. Eso significa que los datos transferidos desde Argentina podrían terminar en jurisdicciones con niveles de protección muy variados. Expertos consultados advirtieron que, sin un diseño de adecuación que considere esa heterogeneidad, la protección efectiva de los derechos de las personas queda en riesgo.
Comentarios de especialistas
Abogados y académicos que trabajan desde hace años en protección de datos señalaron que hay ventajas económicas posibles, pero que todo dependerá de la letra chica. Lucas Barreiro explicó que la equivalencia en materia de protección habilitaría transferencias sin las actuales garantías; Pablo Palazzi destacó que el acuerdo puede beneficiar la economía, pero insistió en revisar cómo se implementará. Daniel Monastersky y Beatriz Busaniche advirtieron sobre asimetrías y problemas de soberanía: el marco norteamericano tiene normas de vigilancia estatal y ausencia de un estándar federal uniforme que complica el balance entre comercio y derechos.
Qué controles debería incluir una adecuación segura
Si la AAIP avanzara en un reconocimiento de adecuación, la práctica internacional sugiere condiciones complementarias que podrían minimizar riesgos: cláusulas contractuales estándar, mecanismos de supervisión y cooperación entre autoridades, límites claros para accesos por parte de servicios de inteligencia y garantías judiciales para los afectados. En el caso europeo, el reconocimiento de adecuación va acompañado de análisis jurídicos y técnicos sobre la protección efectiva y de vías de recurso para ciudadanos; en la negociación con Estados Unidos esa estructura será clave para definir alcances y límites.
Implicaciones para la economía digital
Para empresas tecnológicas, plataformas de comercio y proveedores de servicios en la nube, la eliminación de barreras regulatorias puede reducir costos y acelerar operaciones transfronterizas. Eso puede potenciar inversiones y facilitar el uso de herramientas de inteligencia artificial que requieren grandes volúmenes de datos. No obstante, las mismas facilidades pueden dejar expuestos datos sensibles —médicos, financieros, de consumo— a marcos regulatorios menos protectores.
El proceso político y la transparencia
La decisión de adecuación correspondería a la AAIP y, en la práctica política, un acuerdo de este tipo suele implicar debates parlamentarios y revisiones legales. Los especialistas subrayaron además la conveniencia de que se publiquen los textos completos y los análisis de impacto para que la sociedad conozca exactamente qué tipo de transferencias se autorizan, qué datos quedan fuera de la protección y qué garantías tendrán los ciudadanos.
Conclusión
El anuncio de facilitar la transferencia de datos personales con Estados Unidos puede simplificar el comercio digital, pero abre interrogantes serios sobre la protección de derechos. La clave estará en la letra chica del acuerdo y en las condiciones que la AAIP y otros organismos exijan para garantizar niveles efectivos de protección, supervisión y recursos para las personas afectadas.
Fuentes: Clarín