Reacciones políticas tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal
Debate político tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal
La sanción del Presupuesto 2026 y de la denominada Ley de Inocencia Fiscal encendió una intensa ronda de declaraciones en el arco político. Mientras el oficialismo y los dirigentes libertarios celebraron la aprobación como un cambio de paradigma económico, sectores de la oposición alertaron sobre posibles recortes en educación, ciencia y transferencias a provincias.
Los festejos del oficialismo y aliados
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el resultado del debate parlamentario y definió al nuevo presupuesto como “equilibrado”. En sus mensajes públicos agradeció a quienes participaron del proceso parlamentario y resaltó el trabajo “codo a codo” para llegar a una sanción. En otra publicación, Adorni calificó a la Ley de Inocencia Fiscal como “probablemente una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país” y advirtió que “aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”.
Desde La Libertad Avanza, la jefa del bloque Patricia Bullrich celebró el cambio en el régimen fiscal y sostuvo que se trata de “una de las leyes más importantes de los últimos 30 años”, junto con declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo sobre un giro histórico: “hay momentos en la historia en que la historia cambia”. La senadora Carmen Álvarez Rivero reforzó esa lectura al afirmar que la norma elimina persecuciones y que, cuando no hay delito precedente, “se presume inocencia”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resumió en pocos términos la postura oficial: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”. El ministro del Interior, Diego Santilli, destacó que por primera vez la Argentina habría aprobado “un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”, y reivindicó la responsabilidad de legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa.
La oposición: críticas sobre ajuste en áreas sensibles
La respuesta opositora fue dura en varios pasajes. El senador del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, enfatizó que el Presupuesto debe ser una herramienta para un desarrollo federal equilibrado y cuestionó que el proyecto no priorice “las necesidades más urgentes”, poniendo en riesgo infraestructura y el interior productivo.
Desde el justicialismo, Daniel Pablo Bensusán calificó el texto aprobado como “un presupuesto mentiroso” y advirtió que pone en riesgo el trabajo, la educación pública y el desarrollo provincial. Marcelo Lewandowski sostuvo que “no es austeridad, es un ajuste brutal” que conducirá al empobrecimiento de parte de la sociedad. Ana Marks, también del justicialismo, reclamó que el equilibrio fiscal debe alcanzar a la gente y recordó experiencias previas que combinaron ajuste con inversión en educación, ciencia y tecnología.
Qué reclaman los críticos
Las críticas se concentraron en tres ejes principales: 1) el riesgo de recortes o insuficiencia de partidas en áreas clave como educación y ciencia; 2) menor financiamiento para provincias y municipios que podría afectar obras e infraestructura; y 3) la sospecha de que el ajuste recaerá sobre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Legisladores opositores advirtieron además que, aunque el documento reivindique equilibrio fiscal, las prioridades de gasto y los comportamientos administrativos posteriores determinarán en la práctica si hay o no impacto negativo en políticas públicas esenciales.
Qué implica cada iniciativa (contexto)
El Presupuesto anual es la norma que fija estimaciones de ingresos y asignaciones de gasto para el año siguiente; su aprobación en el Congreso habilita la ejecución de partidas por parte del Ejecutivo. La Ley de Inocencia Fiscal —tal como la presentaron sus defensores en el debate— busca modificar aspectos del régimen fiscal vinculados a presunciones sobre activos y sanciones, aunque sus alcances concretos y la interpretación administrativa serán materia de reglamentación y del control judicial cuando corresponda.
Ambas leyes, por su naturaleza, marcan prioridades de política pública y definen límites de gasto. Por eso los discursos de celebración y de alarma coinciden en la lectura de que se trata de un punto de inflexión: para el oficialismo, hacia la disciplina fiscal y la reducción de medidas de control consideradas punitivas; para la oposición, hacia una potencial reducción de la capacidad del Estado para sostener servicios y programas.
Qué sigue ahora
Las próximas semanas serán claves para ver cómo se reglamentan algunos puntos del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal, y de qué manera el Ejecutivo distribuye las partidas aprobadas. La discusión pública continuará, con pedidos de informes por parte de provincias y organizaciones vinculadas a educación, ciencia y salud. También habrá atención sobre eventuales recursos judiciales o pedidos de revisión de normativa por parte de actores afectados.
Fuentes: Infobae