Regulación de la IA y su impacto económico: debate por el proyecto Stargate Argentina

La regulación de la IA frente a una ola de inversión sin precedentes

La discusión sobre la regulación de la IA, la inversión en infraestructuras y proyectos como Stargate Argentina plantea decisiones que definirán la inserción del país en cadenas de valor del conocimiento. De acuerdo con informes citados por especialistas, la adopción y la inversión en IA ya no son experimentos: tres de cada cuatro ejecutivos la consideran una prioridad estratégica y el 78% de las organizaciones la usan en al menos una función de negocio.

Panorama global y magnitud de la inversión

En menos de una década la Inteligencia Artificial pasó de ser un campo de investigación a un motor de transformación económica. El Stanford AI Index Report 2025 señala que la inversión privada en IA en Estados Unidos alcanzó US$ 109100 millones en 2024. Ese volumen sitúa a la IA en una escala comparable a grandes revoluciones tecnológicas del pasado, pero con una velocidad de adopción muy superior y una fuerte concentración geográfica y sectorial.

Informes de consultoras como BCG y McKinsey, mencionados en análisis recientes, coinciden en que la IA dejó de ser un experimento para convertirse en núcleo operativo de muchas empresas. Esa transición crea oportunidades de productividad, pero también plantea riesgos regulatorios y fiscales si las respuestas públicas no acompañan con políticas de capacidad y desarrollo.

Stargate Argentina: inversión privada y condicionamientos locales

Un ejemplo concreto en la región es el proyecto anunciado por OpenAI en alianza con Sur Energy para desarrollar en la región patagónica un megacentro de datos bajo el nombre "Stargate Argentina". El plan, según la información pública, se estimó en hasta US$ 25000 millones y contempla una capacidad de hasta 500 MW dedicada a cómputo para IA. El proyecto se enmarca, además, en el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI).

Si se concretara, representaría una oportunidad para posicionar al país como hub regional de servicios digitales y cómputo intensivo. Pero hay preguntas abiertas: cómo se financiará, qué cadena de proveedores locales podrá atender la operación, qué capacidad técnica y de formación existe para operar y mantener una instalación de ese tamaño, y cuáles serán las condiciones fiscales y regulatorias para equilibrar la atracción de capital con el interés público.

La situación en América Latina y la brecha regional

En la región, la adopción y el gasto en IA son todavía modestos en comparación con economías avanzadas. La CEPAL estimó que el gasto regional en IA fue de US$ 2600 millones en 2023, apenas 1,5% del total mundial, aunque América Latina representa alrededor del 6,3% del PBI global. El PNUD advierte sobre una "doble brecha": capacidades técnicas concentradas en pocos países y gobernanza pública insuficiente en la mayoría.

Esas asimetrías tienen efectos directos sobre la distribución de beneficios: mientras la IA potencia productividad en actividades con capital intangible y mano de obra calificada, puede ampliar desigualdades allí donde predominan tareas rutinarias. En la región, menos del 30% de la población adulta tiene educación terciaria, frente a más del 50% en economías avanzadas, lo que limita la capacidad de capturar las rentas de la transformación tecnológica.

Impacto laboral y desafíos de formación

El Banco Mundial proyecta que entre el 30% y el 40% de los empleos en América Latina y el Caribe podrían ser automatizados o transformados por la IA, sobre todo en tareas administrativas, financieras y logísticas. A la vez, abre potencial para nuevos empleos en análisis de datos, servicios digitales y mantenimiento tecnológico, siempre que se acompañe con políticas de educación y reconversión laboral.

El caso argentino exige especial atención: la inversión en I+D de la región y del país se encuentra por debajo de los promedios de la OCDE, y sólo una fracción de proyectos piloto de IA logra impacto medible en productividad según estudios citados. Esa brecha entre inversión y capacidad de implementación es un factor clave para diseñar respuestas públicas coherentes.

La propuesta de ley y los riesgos de sobrerregulación

En la Cámara de Diputados se discute un proyecto impulsado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que propone crear una Agencia de Gestión del Conocimiento (AGC) con facultades de supervisión y auditoría de sistemas de IA, certificaciones obligatorias, sanciones y una posible reclasificación de algoritmos. El texto contempla, además, aportes equivalentes al 5% del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas vinculadas a IA, entre otras medidas.

Si bien la existencia de reglas claras para evitar daños y proteger derechos es necesaria, analistas y organizaciones del sector señalan riesgos: una definición muy amplia de "sistema de IA" podría incluir desde software contable hasta motores de recomendación, lo que elevaría los costos de cumplimiento para startups y PyMEs y desincentivaría inversión local. Fund.ar y otros observadores alertan sobre el peligro de la sobrerregulación en contextos de mercado emergente.

Hacia una estrategia de desarrollo equilibrada

La experiencia internacional sugiere que los países que mejor integraron la IA —Estados Unidos, Corea, Israel— combinaron políticas de apoyo a la innovación, formación técnica y marcos regulatorios proporcionales al riesgo. La CEPAL propone una agenda dual: acelerar la acumulación de capital intangible (capacitación, casos de uso sectoriales y adopción en PyMEs) y diseñar regulación flexible y basada en resultados.

Para Argentina, la conclusión es clara: gobernar la IA requiere más capacidad pública y política industrial que solo control sancionatorio. Apostar a incentivos, programas de formación y reglas claras, proporcionadas y escalables, será central para no quedar relegados como usuarios periféricos de tecnologías desarrolladas en otros centros del mundo.

Fuentes: El Economista - La discusión sobre regulación de IA