Replanteo ético sobre derechos, justicia y democracia frente a la crisis institucional
Cuando las instituciones fallan: el rol del Poder Judicial en tiempos críticos
La simultánea tensión entre la utilización de mecanismos excepcionales del Ejecutivo, la velocidad de tramado de leyes sensibles y la demora o cintura del Poder Judicial configuran una crisis institucional que pone en riesgo la vigencia efectiva de los derechos y la previsibilidad democrática. Defender la Constitución exige evaluar cuál es hoy el alcance real del sistema de controles y la respuesta del Poder Judicial ante situaciones de emergencia política.
DNUs, debates acelerados y la calidad de la deliberación pública
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) están previstos por la Constitución para situaciones extraordinarias. El problema aparece cuando su uso sistemático sustituye al debate legislativo ordinario y se extiende a áreas que requieren amplio consenso social y político, como el régimen laboral o penal. Leyes que históricamente demandaron debates federales y participativos —por ejemplo, matrimonio igualitario o la ley de interrupción voluntaria del embarazo— contrastan con iniciativas que reciben trámite exprés, lo que reduce la deliberación y aumenta la percepción de decisiones impuestas.
Qué se espera del Poder Judicial
En un escenario en el que la política falla en contener la erosión institucional, el Poder Judicial aparece como garante último de la legalidad. La crítica planteada en el análisis reciente es que, en su cúspide federal, la respuesta judicial ha sido deficiente: decisiones demoradas, interpretaciones discretas y una aplicación irregular de estándares procesales. Señalamientos internos del propio tribunal y acordadas públicas han dejado expuesto un manejo del tiempo y de la discrecionalidad que, según sus críticos, termina por favorecer el poder por encima de la razón jurídica.
Ejemplos de tensión judicial y política
El autor recuerda casos y decisiones que, en su opinión, ilustran el problema: demoras prolongadas en temas como la ley del Consejo de la Magistratura, retrasos en determinaciones sobre identidad en casos de gestación por sustitución y la falta de resolución concluyente sobre decretos presidenciales con amplia controversia. Esos ejemplos alimentan la sensación de que la Corte Suprema, con su agenda y modos de actuación, puede estar contribuyendo a una “legalidad formal” que no siempre protege los derechos sustantivos ni limita al poder político cuando corresponde.
Instituciones clave: qué son y por qué importan
El Consejo de la Magistratura es el órgano responsable de seleccionar y disciplinar a los jueces; su funcionamiento y representación tienen impacto directo en la independencia judicial. Cuando su regulación queda en disputa por largos plazos, se debilita la confianza en cómo se designan o controlan magistrados. Del mismo modo, la Corte Suprema actúa como instancia de último recurso en controversias constitucionales: su retraso o su manera de ejercer la discrecionalidad procesal influye sobre la protección de derechos colectivos y la capacidad de frenar medidas excepcionales que exceden el mandato constitucional.
Riesgos de normalizar la degradación institucional
El texto plantea que la pasividad frente a la degradación institucional no es neutral: suele funcionar como un consentimiento diferido que alimenta la normalización de prácticas antidemocráticas. Recuperar o fortalecer la República requiere costos políticos y sociales que, sin embargo, son menos onerosos que la factura intergeneracional de dejar erosionar límites y controles. La disyuntiva que plantea el autor es clara: ser parte activa de la reconstrucción institucional o asumir el rol de espectador que facilita el deterioro.
Desafíos contemporáneos: digitalización y la ley
Otro punto relevante es la tensión entre normas pensadas en un mundo analógico y la velocidad del desarrollo tecnológico. Planteos sobre la necesidad de actualizar procedimientos, acelerar respuestas judiciales sin sacrificar garantías y comprender el impacto de la inteligencia artificial y la computación cuántica en la producción de prueba y en la toma de decisiones judiciales forman parte de un desafío más amplio: cómo modernizar la estructura del derecho y la administración de justicia sin perder protección de los derechos.
Conclusión: un llamado a la responsabilidad institucional
El diagnóstico es crítico pero ofrece una lectura final con una posible ventana de oportunidad: tocar fondo puede obligar a construir nuevos anticuerpos institucionales, culturales y democráticos. Para que eso ocurra, es imprescindible que actores políticos, judiciales y la sociedad civil asuman roles activos en la reconstrucción: reformas institucionales, mayor transparencia, participación federal en debates clave y una agenda de modernización judicial que recupere la autoridad del derecho frente al mero ejercicio del poder.
Fuente: Infobae - Opinión