Se frenó el acuerdo de Milei con Manzano y Vila por US$ 3.500 millones
Congreso bloquea herramienta para compensar deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras
El Congreso rechazó el artículo del Presupuesto 2026 que habilitaba al Gobierno a compensar deudas cruzadas entre el Estado y las distribuidoras Edenor y Edesur por un total reclamado de unos US$ 3.500 millones. La medida suspendida había sido promovida para resolver saldos originados por el congelamiento de tarifas entre 2019 y 2024.
Las compañías sostienen que el monto responde a ingresos no percibidos producto del congelamiento tarifario que afectó a seis millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según las empresas, el promedio no cobrado rondó entre 10 y 12 dólares por mes por usuario; esos conceptos aún deben ser auditados para su eventual reconocimiento por parte del Estado.
Deudas cruzadas: quién le debe a quién
En el otro extremo del cruce figura la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a la que Edenor y Edesur le adeudarían alrededor de US$ 700 millones por la compra de energía que no fue pagada. El proyecto oficial buscaba permitir la compensación entre ese “pasivo regulatorio” de las distribuidoras y el “activo regulatorio” que éstas reclaman al Estado.
Por qué se trabó la iniciativa
El artículo que habilitaba la herramienta quedó fuera del dictamen mayoritario del Capítulo XI del Presupuesto 2026, lo que impidió que la norma llegara con respaldo parlamentario. En los argumentos técnicos se señala que para reconocer esos saldos es necesario un proceso de auditoría y certificación que deje a salvo a los funcionarios de eventuales responsabilidades judiciales futuras.
Riesgos de litigios internacionales
Las distribuidoras cuentan entre sus accionistas a empresas con participación extranjera —por ejemplo, Enel en Edesur— y socios locales vinculados a figuras empresariales como José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor. Desde el sector advierten que, si no hay un reconocimiento ordenado del activo regulatorio, los accionistas podrían iniciar arbitrajes internacionales (por ejemplo ante el CIADI), donde el Estado argentino suele afrontar riesgos y condenas económicas.
Impacto sobre inversiones y servicio
Representantes del sector sostienen que la falta de ingresos redujo la capacidad de inversión de las distribuidoras, lo que se tradujo en menor mantenimiento e impacto en la calidad del servicio: más cortes y mayor duración de los mismos. En su argumentación, las empresas señalan que el reconocimiento del activo regulatorio permitiría reflejar en los balances el valor esperado de la compañía y viabilizar inversiones en redes, generación distribuida y adaptación tecnológica.
Contexto político y empresarial
La iniciativa para incluir el mecanismo en el Presupuesto fue vinculada por fuentes del sector a la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel González, que procuró una herramienta para reducir la posibilidad de reclamos judiciales posteriores. Para algunos actores, la frustración del artículo constituye la primera traba relevante en la negociación que tiene como interlocutores a directivos y accionistas vinculados a recientes operaciones empresariales, como la compra de Telefé por parte de grupos con intereses en energía y minería.
En resumen, la cuestión sigue abierta: las partes mantienen saldos por auditar y, sin una solución legislativa o un acuerdo administrativo cerrado, las tensiones jurídicas y financieras entre el Estado y las distribuidoras permanecerán sin resolución.
Fuentes: Clarín