Semino advirtió una "triple crisis" de los jubilados: alimentos, salud y vivienda
Alimentación, medicamentos y vivienda: el problema que describe el Defensor
El defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que los jubilados enfrentan “una triple crisis” —alimentaria, sanitaria y de vivienda— que obliga a decisiones extremas como elegir entre comprar alimentos o pagar una medicina. Semino dijo que esta situación coloca a las personas mayores en “una verdadera situación límite, no observada desde la política”.
Qué quiso decir Semino y por qué importa
Semino habló en Splendid AM 990 y explicó que su diagnóstico surge de la asistencia directa que realiza su organismo. Señaló que frente a la necesidad inmediata de comida, pago de expensas o alquiler, muchas personas mayores dejan de tomar medicación para enfermedades crónicas —por ejemplo para la hipertensión— porque priorizan cubrir lo básico del día a día.
El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad es una figura dedicada a la atención y la defensa de los derechos de las personas mayores; su trabajo combina asistencia directa, reclamos administrativos y visibilización de problemas que afectan a la población de edad avanzada.
El problema sanitario: atención a la enfermedad versus prevención
Semino afirmó que “no tenemos sistema de salud, tenemos un sistema de atención a la enfermedad”, y citó la frase de Carrillo y Oñativia sobre que el primer medicamento es el alimento, el agua y el hábitat. Con esa visión, advierte que la falta de acceso a una alimentación adecuada y a condiciones de vivienda impacta directamente en la capacidad de prevención y seguimiento de enfermedades crónicas en las personas mayores.
Según su relato, la práctica cotidiana que observan en los equipos de asistencia es que pacientes con enfermedades asintomáticas, como hipertensión, suspenden la medicación por restricciones presupuestarias, lo que eleva el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones que podrían evitarse.
Dimensión económica y responsabilidades políticas
En su análisis, Semino responsabilizó de modo principal al oficialismo por el uso de recursos de la seguridad social para “apalancar el superávit fiscal”, y sostuvo que esa dinámica se traduce en pérdida de calidad de vida y riesgo para la vida de los jubilados. También dijo que esa situación está acompañada por otros actores políticos.
La afirmación alude a decisiones de gestión presupuestaria que, según el defensor, terminan impactando en los ingresos reales y en la cobertura de prestaciones para personas mayores. Es una denuncia pública que plantea la necesidad de revisar prioridades fiscales y políticas sociales con foco en la protección de la vejez.
Consecuencias prácticas: vivienda y servicios
Además del acceso a alimentos y medicamentos, Semino incluyó la vivienda como tercer vértice de la crisis. La falta de un hábitat seguro y accesible —sumada a expensas, alquileres u otros gastos fijos— obliga a decisiones que perjudican la salud y la nutrición.
La precariedad en el acceso a servicios básicos y a una vivienda adecuada puede agravar enfermedades crónicas y aumentar la dependencia, por lo que el enfoque del defensor conecta lo social, lo sanitario y lo habitacional como problemas interrelacionados.
Qué reclama el defensor y qué pueden hacer las autoridades
Semino pidió visibilizar la situación y adoptar medidas que permitan asegurar los insumos básicos para la prevención y el cuidado de la salud en las personas mayores: acceso sostenido a medicación, asistencia alimentaria efectiva y políticas de vivienda que reduzcan la presión económica sobre los jubilados.
Las medidas concretas requerirían coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales y una revisión de cómo se destinan y administran los fondos de la seguridad social. El defensor advirtió además que la problemática no suele ser transversalmente observada por las administraciones, lo que complica su resolución.
Cómo afecta esto a la vida cotidiana
El relato de Semino ilustra decisiones cotidianas dolorosas: dejar de tomar una pastilla para poder comer, retrasar consultas o no pagar expensas para priorizar otras urgencias. Esas resoluciones tienen efectos acumulativos en la calidad de vida, el riesgo de hospitalización y la autonomía de las personas mayores.
Para quienes trabajan en asistencia directa, la experiencia cotidiana confirma la existencia de ese circuito: la urgencia económica condiciona el cumplimiento de tratamientos y la protección frente a enfermedades evitables.
Conclusión
La denuncia de una “triple crisis” plantea una demanda clara a las autoridades: tomar medidas coordinadas que garanticen el acceso a alimentos, medicación y vivienda digna para la población jubilada. Semino pidió atención urgente y subrayó que, sin intervenciones, la situación seguirá deteriorándose y cobrando vidas.
Fuentes: Perfil