Senador Zabaraín criticó eliminación de la prima especial de servicios y defendió salarios de congresistas
Debate por la prima especial de servicios reaviva la polémica sobre salarios del Congreso
La eliminación de la prima especial de servicios que reciben los congresistas volvió a tensar la discusión pública en Colombia después de que el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, cuestionara la medida y afirmara en una entrevista con W Radio que un congresista que devenga cerca de $32 millones “no es bien remunerado”. El reclamo del legislador se inscribe en un debate mayor sobre equidad salarial, legalidad de los pagos y posibles recursos judiciales contra la decisión del Ejecutivo.
Qué se está discutiendo
El Gobierno impulsó la supresión de la prima especial de servicios como una manera de reducir el salario total de congresistas y otros altos funcionarios en un contexto de aumentos recientes del salario mínimo y demandas de mayor justicia distributiva. Según cifras divulgadas en el debate, la prima podría llegar a unos $16,9 millones y se suma al ingreso base de los legisladores, lo que eleva el monto total que perciben mensualmente.
La posición de Antonio Zabaraín
El senador Zabaraín calificó la eliminación de la prima como “populista” y “electorera” y sostuvo que la medida vulnera derechos adquiridos que, a su juicio, deberían discutirse y aprobarse en el Congreso y no por decisión ejecutiva. En su intervención defendió los ingresos de los legisladores frente a las críticas ciudadanas y afirmó que el monto actual no es desproporcionado frente a las responsabilidades del cargo.
“Un congresista que se gana $32 millones no es bien remunerado”, Antonio Zabaraín, senador (entrevista en W Radio).
Reacciones de la oposición y otros actores
La declaración de Zabaraín generó respuestas inmediatas. El exgobernador Camilo Romero, en su cuenta de X, cuestionó con dureza la defensa de los privilegios: “El senador Antonio Zabaraín dice que un congresista que recibe $32 millones ‘no es bien remunerado’. Descarado. Esta es la clase política que insiste en mantener sus privilegios pero rechaza que al trabajador le suban su salario a dos millones.”
Representantes de espacios políticos como la Alianza Verde y el Pacto Histórico respaldaron la eliminación de la prima. La senadora Angélica Lozano recordó que, durante casi una década, se intentó bajar los salarios de los congresistas mediante proyectos de ley que terminaron archivados y que la supresión por parte del Ejecutivo fue vista como una alternativa ante el bloqueo legislativo.
Desde el Pacto Histórico, el representante Alejandro Ocampo celebró la medida pero pidió ampliar el debate a otros altos cargos públicos y privados. En su análisis señaló que el problema estructural incluye los costos de las campañas políticas —que, según él, condicionan cómo muchos dirigentes intentan recuperar inversiones— y propuso revisar remuneraciones de magistrados y de quienes reciben dietas por participar en juntas directivas.
Aspectos jurídicos: ¿puede el Ejecutivo crear o eliminar primas?
El debate también incluyó voces del derecho. La abogada Tatiana Pineda sostuvo que la prima especial de servicios tiene un origen legal cuestionable. Según lo expuesto en el debate, de los aproximadamente $35 millones que percibirían actualmente algunos congresistas, cerca de $11 millones corresponderían a esa prima, creada mediante decretos presidenciales.
Pineda argumentó que la Ley 4ª de 1992 solo autoriza el reconocimiento de primas cuando existen circunstancias excepcionales que lo justifiquen y no como un factor generalizado y automático. Recordó además que el Consejo de Estado anuló en 2013 apartes de un decreto que permitía el pago indiscriminado de primas por no establecer criterios claros. Posteriormente, el Decreto 2170 de 2013 volvió a establecer una prima especial de servicios, lo que, según la abogada, excedería las competencias del Ejecutivo y abriría una vía para impugnaciones judiciales. Su posición es que la creación de nuevos factores salariales corresponde al Congreso mediante ley y que la supresión por decreto podría ser atacada en los tribunales.
Implicaciones políticas y sociales
Más allá de la legalidad, el tema pone sobre la mesa cuestiones de percepción y legitimidad. Para muchos críticos, la existencia de primas elevadas para cargos públicos contrasta con la situación económica de amplios sectores de la población, especialmente en momentos de discusión sobre aumentos del salario mínimo y la presión por políticas de redistribución.
Quienes defienden la continuidad de los pagos argumentan que los sueldos deben reflejar las responsabilidades y las cargas del cargo, incluidos desplazamientos, representación y disponibilidad. Los defensores de la eliminación sostienen que el ajuste es una respuesta a la exigencia de coherencia entre los ingresos de los tomadores de decisiones y la realidad económica del país.
Próximos pasos
El Ejecutivo avanza en la supresión de la prima, pero la medida enfrenta resistencias políticas y la posibilidad de recursos judiciales que busquen frenar su aplicación. Si prosperan impugnaciones, los tribunales deberán decidir sobre la constitucionalidad o legalidad de los decretos y sobre si existen derechos adquiridos que protejan los pagos.
Fuentes y enlaces: