Servicios públicos: más de 15 millones de argentinos sin agua, gas o cloacas

Un tercio de la población urbana carece al menos de uno de los servicios básicos

El acceso a servicios públicos esenciales —agua corriente, gas natural y cloacas— se encuentra en retroceso: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el 51,6% de las personas en los conglomerados relevados no accede a por lo menos uno de esos tres servicios, un volumen equivalente a al menos 15,4 millones de personas. Los datos recientes muestran un empeoramiento frente a noviembre de 2024, cuando el registro era 50,5% (14,9 millones).

Lo que dicen los números

El informe del Indec aporta una fotografía sobre condiciones de vida en 31 conglomerados urbanos y alerta que el problema —aunque estructural— aumentó en los últimos años. Un trabajo de la Fundación Tejido Urbano complementa la radiografía: medido en hogares, la falta de acceso a servicios pasó del 44% en 2016 al 46,2% en 2025.

Obras públicas paralizadas y presupuesto recortado

En el mapa de inversiones de la Secretaría de Obra Pública figuran 32 obras en ejecución destinadas a mejorar o proveer agua y cloacas con plazo de finalización en 2025; 23 de ellas muestran un avance físico menor al 20%, pese a que 12 cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al mismo tiempo, el presupuesto nacional para la función "servicios sociales de agua y alcantarillado" cayó de $526 mil millones a $222 mil millones y, a noviembre, la ejecución reportada fue de $134 mil millones. En términos comparativos, la inversión registrada en el ítem en 2023 fue de $423 mil millones.

Consecuencias operativas y medidas recientes

La baja ejecución y la reducción de recursos tienen efecto directo en los plazos y en la posibilidad de completar obras y conexiones domiciliarias. Además, la semana pasada el Ejecutivo redefinió el reglamento de AySA mediante el decreto 805: la modificación habilita a la empresa a cortar suministro a usuarios residenciales con mora de 60 días o más, contados desde el segundo vencimiento de la factura. El cambio plantea un nuevo marco operativo para la prestadora y suma debate sobre tarifas y protección social.

Impacto social y sanitario

La Cámara Argentina de la Construcción enfatiza que la inversión en agua y saneamiento no debe verse como gasto sino como inversión crítica: mantener la infraestructura en funcionamiento tendría un costo anual estimado en 3.260 millones de dólares (1.091 millones para agua potable y 2.169 millones para cloacas). El argumento técnico subraya efectos directos en salud pública, mortalidad infantil, oportunidades educativas y protección ambiental frente a la contaminación de cuerpos de agua.

Otras señales de alarma

El Indec también indicó que 1,7 millones de personas viven en hogares cercanos a basurales, 3,2 millones en zonas inundables y 1,1 millones en condición de hacinamiento crítico. Paralelamente, otros observatorios y cámaras empresarias reportan una ejecución de obra pública muy por debajo de niveles de 2023: programas de rutas, mejoramiento de barrios y obras hidráulicas muestran caídas que en muchos casos superan el 80%.

Actores y responsabilidades

En la discusión participan organismos nacionales (Secretaría de Obra Pública, Jefatura de Gabinete), entidades internacionales financiadoras (BID), organizaciones de la sociedad civil y cámaras del sector. La ACIJ y la Fundación Tejido Urbano advierten sobre el impacto distributivo de la retracción de recursos; la Cámara Argentina de la Construcción reclama sostenimiento de la inversión para preservar la infraestructura existente.

Qué se necesita

Los especialistas coinciden en que garantizar acceso implica no solo ampliar redes sino asegurar que los hogares puedan hacer las conexiones domiciliarias y mantener los sistemas existentes. Además, una ejecución presupuestaria más alta y sostenida y coordinación entre niveles de gobierno son condiciones básicas para revertir la tendencia actual.

Fuentes: Perfil