Sobrevivientes piden denunciar abusos eclesiásticos en la Justicia civil y penal
La convocatoria de la Red de Sobrevivientes tras un informe en Córdoba
La Red de Sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Argentina exhortó a las víctimas a presentar denuncias en la Justicia civil y penal y no limitar los casos a procesos internos de la Iglesia. El llamado surge luego de que la Comisión Pastoral Arquidiocesana de Córdoba registrara este año 13 informes sobre presuntos abusos, cinco de los cuales son de índole sexual.
Qué solicita la Red
La organización, que agrupa a personas que sufrieron abusos dentro de la Iglesia, advirtió que persisten prácticas de ocultamiento y que muchos casos se siguen tratando como «pecados» que se «perdonan» en lugar de delitos que deben ser denunciados y juzgados. En su comunicado, la Red afirma que la Iglesia «hace caso omiso de la obligación de denunciar que se declara en el artículo 237 del Código Procesal Penal» y denunció la existencia de acuerdos con el Estado que, según su visión, favorecen la impunidad.
La distinción entre investigación canónica y acción judicial
La Red resaltó que la investigación canónica —es decir, la que realiza la propia institución eclesiástica— no sustituye la investigación civil o penal. Las causas civiles y penales son las que permiten investigar, imputar y, eventualmente, sancionar en el marco de la ley. Por eso instaron a que las víctimas y los testigos presenten las denuncias ante el Poder Judicial para garantizar que los hechos se investiguen en la esfera pública y con todas las garantías procesales.
Reclamo a la Justicia de Córdoba
La organización requirió además que el Poder Judicial de Córdoba actúe de oficio y solicite la información de los informes presentados ante la Comisión Pastoral Arquidiocesana. La petición busca evitar que los casos queden sólo en actuaciones internas y que la información no llegue a los tribunales competentes.
Por qué es relevante denunciar en la Justicia
Denunciar en la esfera civil y penal permite abrir investigaciones con facultades de investigación, medidas cautelares, peritajes y acciones orientadas a la reparación. Además, la intervención del sistema judicial facilita el acceso a medidas de protección para las víctimas y evita que los procesos queden sujetos exclusivamente a la discrecionalidad institucional.
Obstáculos y barreras
Las sobrevivientes y agrupaciones que trabajan con víctimas suelen señalar varias barreras para la denuncia: miedo a la revictimización, presiones institucionales, falta de información sobre vías legales y desconfianza en que las autoridades actúen con celeridad. La Red sostuvo que la Iglesia, en algunos casos, contribuye a la revictimización cuando prioriza procedimientos internos y no informa o acompaña a las víctimas para acceder a la Justicia civil y penal.
Qué pueden hacer las víctimas y sus allegados
- Registrar los hechos ante la comisaría o la Fiscalía de instrucción correspondiente y presentar la denuncia penal si hubo conducta sexual o abuso.
- Iniciar acciones civiles en casos de daño moral o material, a fin de acceder a reparaciones y medidas de protección.
- Solicitar asesoramiento legal y acompañamiento psicosocial; varios organismos y organizaciones especializadas brindan asistencia a víctimas de delitos sexuales y abuso institucional.
- Conservar cualquier prueba disponible (mensajes, testimonios, documentos) y anotar fechas y lugares mientras se preserva la seguridad personal.
Contexto institucional
La Comisión Pastoral Arquidiocesana para el Cuidado de las Víctimas y la Prevención de Abusos de Córdoba emitió el informe que dio origen a las declaraciones públicas. Las comisiones eclesiásticas realizan investigaciones canónicas con criterios y objetivos distintos a los de la Justicia civil y penal; por eso las organizaciones de sobrevivientes insisten en la necesidad de que ambas vías se complementen y que las autoridades judiciales tengan acceso a la información recopilada por la Iglesia.
Reclamo social: la Red de Sobrevivientes pide que la información no quede sólo dentro de la institución y que la Justicia provincial actúe de oficio para asegurar la transparencia y la tutela de las víctimas.
Fuentes: La Voz