Thomas Mann, Wallace Stevens y Ortega y Gasset entran al dominio público en Argentina

Dominio público: qué significa y quiénes se suman este 1° de enero

Dominio público, Thomas Mann, Wallace Stevens y José Ortega y Gasset: a partir de hoy las obras de autores fallecidos en 1955 quedan sin derechos exclusivos en Argentina, según la regla de vida del autor más setenta años que fija la ley local.

Qué implica el paso al dominio público

En la Argentina, la ley 11.273 establece que los derechos exclusivos de explotación, reproducción y traducción de una obra perduran durante la vida del autor más setenta años para sus derechohabientes. El 1° de enero de cada año vence el plazo para quienes murieron exactamente setenta años antes; en 2026 eso alcanza a creadores que fallecieron en 1955. Las obras pasan a ser de libre acceso, lo que facilita su reedición, divulgación y adaptación.

Sin embargo, el sistema local prevé lo que se conoce como “dominio público pagante”: los usuarios que exploten comercialmente esas obras deben abonar un arancel al Fondo Nacional de las Artes. Es decir, la entrada al dominio público no elimina totalmente los derechos de uso en el plano comercial en la Argentina, aunque sí simplifica muchos trámites y reduce barreras para ediciones y proyectos culturales no lucrativos.

Algunos autores relevantes que entran hoy

Entre los nombres más destacados que pasan al dominio público figuran:

• Thomas Mann: novelista alemán, autor de obras emblemáticas como “La montaña mágica”. Mann es una figura central de la literatura europea del siglo XX y su paso al dominio público facilitará nuevas ediciones y traducciones.
• Wallace Stevens: poeta estadounidense cuya obra influyó de manera notable en la poesía moderna en lengua inglesa.
• José Ortega y Gasset: filósofo y ensayista español, autor de textos clave como “La rebelión de las masas”, fundamentales en el debate intelectual del siglo XX.

El acceso más libre a estos textos podrá beneficiar a editores, traductores, investigadores y docentes, que tendrán mayores posibilidades para reutilizar, comentar y difundir las obras sin negociar licencias con herederos o titulares de derechos.

Qué pueden hacer bibliotecas, universidades y editoriales

Bibliotecas y universidades pueden digitalizar y distribuir las obras ahora en dominio público para fines educativos y de investigación. Las editoriales pueden lanzar nuevas ediciones y planes críticos con menores costos de licencia, siempre respetando las normas del país sobre aranceles al Fondo Nacional de las Artes si el uso es comercial.

Para proyectos audiovisuales o adaptaciones creativas, la ausencia de derechos exclusivos simplifica el proceso de autorización, aunque se recomienda consultar a especialistas en propiedad intelectual y a las instituciones públicas correspondientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones locales.

Limitaciones y consideraciones legales

Es importante aclarar que, aunque las obras originales pasen al dominio público, traducciones recientes, prólogos, ediciones anotadas u otras versiones pueden seguir protegidas por derechos de autor si fueron creadas por personas fallecidas hace menos de setenta años. Además, el régimen del “dominio público pagante” obliga a pagar un arancel cuando la explotación tiene fines comerciales en Argentina.

Por otro lado, la entrada al dominio público en Argentina no siempre coincide con el estatus legal en otros países; editores y productores internacionales deben verificar la normativa local en cada territorio.

Qué podría cambiar en el mercado editorial y cultural

El acceso libre a clásicos del pensamiento y la literatura suele reactivar la edición crítica y accesible de esos textos, lo que a su vez enriquece programas académicos, colecciones universitarias y material didáctico. También favorece la aparición de versiones digitales gratuitas o de bajo costo, ampliando el público lector.

Para los investigadores, el dominio público posibilita la reutilización de pasajes, la creación de antologías y el uso en proyectos interdisciplinares sin necesidad de gestionar licencias complejas.

Fuentes: La Nación