Toma sobre los cambios en la SIDE: “No entiendo qué se ha buscado con este decreto”
Toma cuestiona el decreto que modifica la legislación de inteligencia y advierte sobre burocracia y debates políticos
Miguel Ángel Toma afirmó que el decreto que cambia estructuras y normas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) termina burocratizando la actividad y generando debates políticos pero que no contribuyen a la modernización que se pretende.
El ex titular de la SIDE consideró que, si bien era necesaria una actualización de la normativa por el impacto de la tecnología y la evolución de las amenazas, la forma en que se instrumentó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) complica la estructura y abre la posibilidad de cuestionamientos constitucionales, según sus declaraciones a Mitre Córdoba.
Qué dijo Toma
En su assessment, Toma indicó que “muchas veces una buena idea termina siendo mal ejecutada” y que el contenido del decreto podría “complejizar” la inteligencia en lugar de hacerla más ágil y eficaz. Señaló que la medida puede provocar polémicas de carácter político y anticipó que sectores de la oposición ya barajan la presentación de recursos que cuestionen la constitucionalidad del decreto.
También puntualizó que la detención y la entrega de una persona a la policía ya está prevista en la legislación argentina y que volver a regular determinados procedimientos por decreto no aporta claridad sino que crea debates innecesarios. Para Toma, el enfoque debería priorizar la incorporación tecnológica y la actualización frente a la nueva naturaleza de las amenazas.
Qué es la SIDE y qué implica el cambio
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es el organismo del Estado nacional encargado de tareas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia. Históricamente fue objeto de reformas y cambios organizativos: la modernización busca adaptar sus funciones a desafíos como el cibercrimen, el terrorismo transnacional y el uso masivo de datos.
Un DNU (decreto de necesidad y urgencia) permite al Poder Ejecutivo dictar normas con fuerza de ley en situaciones excepcionales; sin embargo, su uso suele ser discutido políticamente y puede ser revisado por la Justicia si se considera que excede los alcances constitucionales.
Implicancias prácticas
Según Toma, una mayor burocratización podría retrasar la capacidad operativa y la reacción de los servicios de inteligencia frente a amenazas que evolucionan rápido. El equilibrio que busca la discusión pública es cómo incorporar medidas de control y transparencia sin sacrificar la eficacia operativa necesaria para la seguridad nacional.
El debate público ahora incluye a actores políticos, especialistas en seguridad y, potencialmente, al Poder Judicial, que deberá determinar la validez jurídica del instrumento si se presentan impugnaciones.
Fuente: Perfil