Trabajadores alertan por la privatización de Transener y su impacto económico y social
Ex empleados cuestionan la venta y piden conservar el control estratégico
La intención del Gobierno de avanzar con la privatización de Transener encendió la alarma entre extrabajadores del sector, que rechazaron la medida y advirtieron sobre un posible daño económico y social. Para los ex operarios, la privatización de Transener no sólo implica una transacción financiera —se estima un valor cercano a US$200 millones— sino una pérdida de control sobre un activo que consideran esencial para la planificación energética del país.
Quiénes hablaron y qué dijeron
En un comunicado al que accedió la agencia NA, Jorge Galati y Fernando Cardozo —ex empleados de SEGBA— calificaron a la compañía como un "activo estratégico" cuya venta podría debilitar la soberanía energética nacional. Los firmantes recordaron el proceso de privatizaciones de los años 90 y sostienen que aquel modelo dejó consecuencias económicas y sociales que aún persisten.
El recuerdo de las privatizaciones y la deuda con los trabajadores
Los ex operarios remontaron el origen de Transener a activos procedentes de empresas estatales históricas, entre ellas SEGBA, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, y apuntaron a las leyes de privatización de la década del 90 (leyes 23.696 y 24.065) como el marco que permitió el desmembramiento y la entrega de sectores estratégicos a la iniciativa privada. En ese sentido, exigieron una reparación de las deudas pendientes con los trabajadores, en particular el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP), que debía garantizar alguna participación accionaria para los empleados.
Valoración económica y argumentos contrapuestos
Desde fuentes oficiales citadas en las notas publicadas, se menciona que Transener tendría un valor aproximado de US$200 millones, una cifra que el Gobierno considera útil para fortalecer las cuentas públicas. En contraposición, los extrabajadores señalan que esa mirada puramente financiera omite el rol de la compañía en la estructura de transporte de energía de alta tensión y su valor para la planificación de largo plazo.
Impacto sobre ingresos estatales
En el comunicado, los firmantes sostuvieron además que Transener es rentable y genera ingresos para el FGS. El FGS es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que administra recursos con destino a prestaciones previsionales; por eso, advierten, la venta de activos cuya renta alimenta ese fondo tendría implicancias patrimoniales y fiscales que conviene evaluar con detalle antes de adoptar una decisión irrevocable.
Preguntas abiertas y reclamos
Los ex empleados plantean varias preguntas que, según ellos, deberían responderse antes de avanzar: ¿qué criterio se usó para valorar la compañía en US$200 millones?, ¿qué efectos tendrá la operación sobre las tarifas, la seguridad del suministro y la inversión en la red de alta tensión?, ¿cómo se protegerán los intereses de los trabajadores y de los fondos públicos que hoy se benefician con los dividendos o rentas de la empresa?
Contexto político y economía pública
La decisión se enmarca en un plan más amplio del Ejecutivo para desprenderse de activos estatales y reforzar las cuentas públicas. Quienes apoyan la venta argumentan que la operación permitirá obtener recursos para reducir déficit y financiar prioridades del Gobierno. Quienes se oponen sostienen que la liquidación de activos estratégicos puede hipotecar capacidades estatales esenciales y generar problemas de planificación energética y de acceso a infraestructura clave.
Qué reclaman los trabajadores
Además de pedir que no se concrete la privatización, los ex operarios solicitaron que se avance en la reparación de obligaciones pendientes con los trabajadores originados en las privatizaciones de los 90. Reclaman una revisión del Programa de Propiedad Participada y medidas que garanticen la participación o compensación justa para empleados afectados por procesos de transferencia de activos.
Fuentes: El Intransigente