Una sola elección, un solo día: eliminar PASO, boleta única y fijar el último domingo de octubre

Propuesta para ordenar el calendario electoral y reducir costos

La propuesta que aquí se presenta plantea la eliminación de las PASO, la adopción de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país y la unificación de las elecciones generales en un único día: el último domingo de octubre. Ese cambio busca racionalizar el calendario electoral, reducir el gasto público asociado a comicios dispersos y obligar a la dirigencia a inscribir sus propuestas en una discusión nacional simultánea.

Qué plantea el proyecto y por qué

La iniciativa propone tres reformas complementarias: suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo de selección, generalizar la Boleta Única de Papel para todas las categorías y establecer una fecha fija para las elecciones generales. Según sus impulsores, esos tres pasos confluyen en un objetivo central: recuperar racionalidad institucional y transparencia en el acto eleccionario.

Eliminar las PASO, se argumenta, evita multiplicar actos electorales que fragmentan el calendario y encarecen el proceso. La adopción de la Boleta Única de Papel permite al elector elegir por separado cada categoría sin depender del formato físico de la lista sábana, lo que desactiva uno de los argumentos técnicos que se usaron tradicionalmente para sostener el calendario actual. Fijar el último domingo de octubre como día inamovible tiene, además, un valor simbólico: remite al proceso de regreso democrático iniciado en 1983 y ofrece previsibilidad logística y política.

Costos, logística y fragmentación política

En la práctica, la dispersión de fechas obliga al Estado a montar repetidas veces el mismo operativo logístico: impresión de padrones y boletas, pago de autoridades de mesa, despliegue de fuerzas de seguridad y movilización de recursos administrativos. Esa multiplicación de actos electorales se vuelve especialmente problemática en contextos de restricción presupuestaria, cuando cada peso cuenta para políticas públicas esenciales.

Pero el argumento económico no es el único: la fragmentación de las votaciones tiene efectos políticos. Al desdoblar los comicios, se dificulta que la discusión nacional atraviese las arenas provincial y municipal; cada elección termina tendiendo a una lógica localista o segmentada. Ese fenómeno erosiona las articulaciones entre niveles de gobierno y facilita estrategias de supervivencia electoral que priorizan intereses parciales por sobre proyectos integrales.

Boleta Única de Papel: qué cambia

La Boleta Única de Papel (BUP) permite que el elector marque su opción para cada categoría en una única boleta, evitando la coexistencia física de listados separados que, en el pasado, dieron origen al argumento del “efecto arrastre”. Con la BUP, cada categoría se vota de forma autónoma y el elector puede acompañar un proyecto integral o combinar opciones según su criterio. Esa simultaneidad técnica abre la puerta a celebrar todas las elecciones en una misma jornada sin temor a efectos físicos de las boletas.

Además, la BUP simplifica el control y la fiscalización: actúa sobre un soporte único y facilita el recuento y la trazabilidad del acto de votación. Su adopción federalizada, sin embargo, requiere acuerdos normativos y operativos entre la Nación y las provincias para homogeneizar procedimientos, imprimir estándares y garantizar iguales condiciones de fiscalización.

Previsibilidad y ejemplos comparados

Un calendario electoral previsible permite planificar políticas públicas con mayor horizonte, evita la “gestión en campaña” y reduce incentivos para la improvisación permanente. Como ejemplo comparado, el sistema estadounidense celebra su Election Day —el primer martes después del primer lunes de noviembre en años pares— donde coexisten elecciones de distinto nivel en una única jornada. Esa convención no anula la autonomía local ni la competencia por el voto, pero sí organiza la rutina democrática en una fecha conocida y estable.

La experiencia comparada muestra que la autonomía federal no es incompatible con la simultaneidad electoral. En la Argentina, en cambio, la multiplicación de domingos de votación ha naturalizado una dinámica en la que gobernadores e intendentes eligen, con frecuencia, desacoplarse del calendario nacional.

Impacto sobre el sistema de partidos y la gobernabilidad

Votar todo el mismo día obliga a que los proyectos políticos se piensen de manera integral: un intendente, un gobernador y una candidatura nacional compiten en la misma escena pública y deben articular propuestas que dialoguen entre sí. La simultaneidad exige mayor claridad programática y reduce la posibilidad de tácticas cortoplacistas que fragmentan la oferta política.

Además, una unificación razonada de fechas puede contribuir a disminuir la “campaña permanente” que permea la gestión pública en años con cronogramas electorales extendidos. Con un día único para elegir, el ciclo político recupera espacios para la gestión y la deliberación pública fuera del cronograma constante de comicios.

Obstáculos y pasos necesarios

La implementación exige consenso legislativo y acuerdos federales. El país debería discutir normativas que adecuen la legislación electoral, definir el alcance territorial de la BUP, y fijar plazos para implementar el cambio de calendario con previsibilidad. Más allá de la técnica, se trata de una decisión política que enfrenta resistencias de actores beneficiados por el status quo.

Para que la reforma prospere se requiere voluntad tanto en el Congreso como en las provincias, y la intervención de la sociedad civil para empujar un acuerdo que priorice la coherencia institucional por sobre ventajas tácticas momentáneas.

Conclusión

La propuesta de unificar las elecciones en un solo día —acompañada por la supresión de las PASO y la adopción federal de la BUP— persigue una doble meta: racionalizar recursos públicos y fortalecer la deliberación política nacional. Es una reforma que apunta a poner orden en un calendario fragmentado y a exigir a la dirigencia que piense en términos de país y no de parcelas electorales. Transformar esa intención en norma implica un debate público serio y acuerdos que prioricen la coherencia institucional sobre las conveniencias tácticas.

Fuente: Perfil