Vence la emergencia pública: qué implica para el orden económico del país
El fin del plazo del DNU plantea decisiones sobre el rumbo económico
El 31 de diciembre de 2025 vence la declaración de emergencia pública que funcionó como marco para el ordenamiento económico promovido por el Poder Ejecutivo, una herramienta que orientó medidas de desregulación y reducción de restricciones estatales durante el año.
El decreto principal que sentó las bases de este proceso fue el DNU 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal hasta el cierre de 2025. Ese límite temporal fue clave: fijó un horizonte para que las medidas excepcionales no permanecieran indefinidamente y obligó a definir si las reformas transitorias pasarán a un régimen ordinario o se corregirán tras la expiración.
Marco constitucional y justificaciones
El Ejecutivo sostuvo su accionar en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que habilita la dictación de decretos de necesidad y urgencia en situaciones excepcionales. En la argumentación oficial se invocó la existencia de una “genuina situación de emergencia” que, según su interpretación, impedía tramitar ciertas medidas por la vía legislativa ordinaria sin demorar la respuesta requerida por la crisis.
La precisión del plazo hasta el 31 de diciembre redujo incertidumbres sobre la permanencia del régimen excepcional. Ese acotamiento temporal operó como un ancla institucional que permitió orientar expectativas: durante 2025 la discusión pública y la toma de decisiones se enfocaron más en reglas y previsibilidad que en medidas de corto plazo.
Resultados y señales
Los informes del INDEC mostraron una desaceleración de la inflación respecto de etapas previas, un dato que acompañó al proceso de ordenamiento aunque sin atribuciones directas sobre causalidad. Cabe recordar que INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la entidad oficial que elabora medidas macroeconómicas clave, como índices de precios y actividad.
El uso de instrumentos excepcionales permitió avanzar en cambios estructurales y normativos; ahora, con el vencimiento, las opciones son claras: consolidar las reformas vía vías ordinarias, ajustar su alcance o retornar a un régimen previo donde el control y la intervención estatal recuperen peso. La resolución de esa disyuntiva marcará si 2025 queda como un período de transición o como el comienzo de un nuevo orden económico.
Fuente: Infobae (columna de opinión)