Zona libre de motosierra: cuánto cuesta un concejal y por qué preocupa el tamaño de algunos Concejos Deliberantes
El costo municipal y la crítica a Concejos deliberantes grandes
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Un informe de la Fundación Libertad sobre 76 municipios de más de 50.000 habitantes puso en foco el costo y el tamaño de algunos Concejos Deliberantes. En el caso de Posadas, la capital de la provincia de Misiones, el trabajo señala que el Honorable Concejo Deliberante tiene 13 concejales y una planta de 1.585 empleados, lo que resulta en un promedio de 122 empleados por concejal y un costo promedio de 21,6 millones de pesos por concejal por mes al fisco.
Qué datos se pusieron sobre la mesa
El informe compara la cantidad de personal del Concejo con otras referencias públicas y privadas para dimensionar la magnitud del empleo legislativo municipal. En el texto que circuló por medios se consignan cifras destinadas a ilustrar la desproporción: 1.585 empleados en total y 13 concejales. El análisis apunta a mostrar que algunos Concejos funcionan con una estructura administrativa muy amplia en relación con su número de representantes.
Por qué despierta críticas
La crítica principal es que estructuras legislativas municipales con planteles grandes implican un costo elevado para las arcas públicas sin que siempre exista una explicación clara de la necesidad operativa de tanta dotación. Los autores del informe y algunos analistas sostienen que hay Concejos con niveles de personal administrativos que podrían ser racionalizados mediante auditorías de gestión, controles de accesibilidad y evaluaciones de tareas.
Comparaciones y ejemplos citados
Para dimensionar la magnitud del empleo, el artículo que retoma el informe comparó números con sectores o empresas que resultan familiares para el lector: por ejemplo, indicó que la dotación en ese Concejo equivale a más personal que el total de locales de una cadena nacional o a proporciones industriales. Estas comparaciones buscan enfatizar el contraste entre la estructura del área legislativa municipal y otros usos del empleo privado.
Lo que dice el informe y los límites de los datos
El trabajo de la Fundación Libertad relevó 76 municipios y reporta variaciones entre localidades. Las cifras sirven para abrir el debate sobre eficiencia y transparencia: cuántos empleados son necesarios para el funcionamiento legislativo, cómo se distribuyen las tareas y qué controles existen sobre designaciones y contratos. Es importante destacar que los números publicados hacen foco en un universo específico (municipios con más de 50.000 habitantes) y que cada municipio tiene particularidades administrativas y normativas.
Implicancias prácticas
Una planta legislativa sobredimensionada puede afectar el presupuesto municipal y reducir recursos disponibles para servicios públicos, infraestructura o programas sociales. Por otro lado, cualquier propuesta de ajuste requiere diagnóstico concreto: auditorías, revisión de cargos, evaluación de funciones y cumplimiento de marcos legales laborales. El debate público que plantean estos informes suele traducirse en pedidos de mayor transparencia y en llamados a informes de gestión por parte de concejales opositores o de los propios vecinos.
Recomendaciones comunes de expertos
Los especialistas en administración pública suelen recomendar tres pasos: primero, auditorías externas independientes para conocer exactamente la estructura y los costos; segundo, publicación de organigramas y funciones para facilitar la fiscalización; y tercero, planes de mejora que prioricen digitalización, reasignación de tareas y concursos públicos donde corresponda. Estas medidas buscan reducir el empleo ineficiente sin afectar el funcionamiento institucional básico.
Conclusión
El caso de Posadas citado por la Fundación Libertad puso en evidencia un problema que se repite en distintos grados en varios municipios: la necesidad de equilibrar la estructura legislativa con criterios de eficiencia y transparencia. Más allá de las cifras puntuales, el debate apunta a cómo asegurar que el gasto público municipal cumpla un propósito claro y esté alineado con las prioridades de la comunidad.
Fuente: Fundación Libertad, periodo: informe 2025
Fuentes: La Nación